La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de La Plata despejó la posibilidad de la detención del empresario platense del rubro inmobiliario Fernando Mercerat en el marco de una causa donde se lo investiga como supuesto integrante de una red dedicada a la explotación económica de la prostitución.

Según los alcances de la hipótesis que sostiene la fiscal penal Cecilia Corfield (UFINº 17), esas actividades se habrían realizado en propiedades bajo su responsabilidad como agente de bienes raíces, a espaldas de los propietarios.

Mercerat ya había obtenido un primer contraste a principios de mes en una decisión del juez de Garantías Pablo Raele.

La sospecha judicial se extiende a otras personas. Incluso, hay un detenido que también obtuvo un contraste: la Cámara confirmó el rechazo de la primera instancia a un recurso contra la prisión preventiva.

La hipótesis es que en el marco de la cuarentena sacaban a las trabajadoras sexuales de la calle, las ubicaban en departamentos que administraría la inmobiliaria. A la vez, se investiga si hay una organización que se dedica a la explotación sexual.

Una fuente judicial con acceso a la causa señaló que las unidades “se usaban como puticlubs”. En el equipo de investigación liderado por Corfield se sostiene que a las inquilinas “se les cobraba para que puedan trabajar”, aunque “de manera compulsiva y a un precio desmedido”.

En la resolución de la Cámara de Apelaciones, la jueza Laura Lazaga y el juez Ramón Almeida coinciden en el rechazo del planteo contra la posibilidad del arresto. Lazaga enumera argumentos referidos a riesgos procesales. Entre esos, los referidos a las declaraciones de testigos por tomar y la posibilidad de fuga en función de la expectativa de condena que podría derivar de los delitos en investigación.

La decisión le quita un recurso judicial a Mercerat en un horizonte procesal posible, pero aún no concreto: el de la detención. Según pudo saber este diario, la fiscal Corfield aún no tiene resuelto si solicitará el arresto de Mercerat.

Por su parte, los abogados de Pedro Bardella, el único detenido de la causa, Christian Parodi y Fernando Palazzo, pidieron que se lo incorpore como arrepentido e ingrese en el sistema de protección de testigos, “porque es un gasista y albañil que hacía los mantenimientos de las propiedades y está siendo amenazado en la alcaidía Pettinato para que no hable”, dijeron los abogados a este diario.

La fuente judicial de la investigación que habló con este diario consideró que no le corresponde tomar herramienta. “La Ley del Arrepentido no tiene aplicación porque la Provincia no adhirió”. A la vez, rechazó que el imputado “sea solamente un albañil y gasista”, como sostiene la defensa, con el argumento de que “tiene tres investigaciones en curso en la justicia Federal”.

Los defensores insisten en que es un albañil “en extrema pobreza”, cuyo rol solo era hacer el cobro del alquiler de las casas en cuestión “en plena pandemia”. También arreglaba las estufas y revocaba las paredes de los bienes, se apuntó desde la defensa.

En la causa bajo instrucción de Corfield y control de Raele se hicieron unos 40 allanamientos en propiedades que estaban en la cartera de la misma inmobiliaria, para alquiler o para venta. En algunos, encontraron mujeres ejerciendo la prostitución y elementos para esos fines. “El detenido denunció que se alquilaban casas o departamentos por 4 a 6 meses sin avisarles a los dueños, para poder percibir el alquiler defraudando a los propietarios”, aseguraron los defensores.