La Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre la situación salarial de los magistrados, funcionarios y agentes judiciales de la Provincia. 

Así lo hizo saber a través de la Resolución SC Nº 1003/20, en donde detalló que la erosión del poder adquisitivo de las remuneraciones judiciales frente a la inflación, desde el año 2018, arroja una diferencia cercana al 49%, tratándose de un problema estructural puesto de manifiesto en diversas resoluciones institucionales.

Al respecto, la Suprema Corte consideró impostergable la necesidad de sancionar reformas normativas que superen el cuadro de situación existente consagrando un régimen de autarquía y el manejo independiente de las retribuciones y la política salarial. Entre tanto –se agregó en la resolución- debe concretarse una progresiva recomposición salarial para el Poder Judicial, que en forma sostenible, gradual y paulatina acote la significativa brecha señalada y que preserve, para el año en curso, el poder adquisitivo de las remuneraciones.

La Corte señaló que es consciente del esfuerzo de la sociedad ante la pandemia. En torno a ello, puntualizó que desde el Tribunal se dispusieron medidas de austeridad, limitando gastos no indispensables y autorizando solo los destinados a los bienes y servicios esenciales y aquellos orientados a requerimientos en los fueros Penal y de Familia. Añadió que, junto a la comprometida actitud de quienes imparten justicia y quienes los asisten, se implementaron acciones de organización interna e innovaciones tecnológicas para garantizar la tutela de derechos, tal como se expuso públicamente en los informes de gestión sobre el servicio de justicia en el contexto de la pandemia.

En dicho marco, planteó que la Administración de Justicia exige para su normal funcionamiento la asignación de recursos económicos suficientes, no solo para atender las necesidades de infraestructura y renovación tecnológica, sino para cumplir con una remuneración apropiada de su personal.