Más controles estatales, con metas electorales

El año 2021 comenzó con definiciones fuertes de parte del gobierno de Alberto Fernández en el plano económico, todas dirigidas en la misma dirección de aumentar los controles estatales, acentuar el cepo cambiario y alinear las variables en función de las elecciones legislativas de octubre próximo. Las previsiones económicas que realiza el sector privado, giran todos alrededor de un solo eje conocido: las metas electorales del oficialismo. De esta manera, los debates sobre un probable acuerdo con el FMI, ajustar tarifas, precios o el dólar, mutan en pronósticos políticos. La última semana, los negocios se conmocionaron ante las informaciones que anticipaban la intención política del Gobierno de estatizar el sector de la salud.

No se trata de una idea que haya alumbrada hace pocas horas, pero esas intenciones nunca tuvieron un consenso importante. Las condiciones parecen haber cambiado. Todo tuvo origen con el acuerdo oficial de aumentar las cuotas de las empresas de medicina prepagas en 7 por ciento, que fue avalado por el Ministerio de Salud y el Jefe de Gabinete, y que el mismo día anuló el Presidente (todo aprobado y desaprobado en el Boletín Oficial, como otra comedia de enredos). Alberto F. le negó al titular de Swiss Medical, Claudio Belocopit, una estatización del sistema de salud, pero las versiones continuaron circulando. En particular, de otro recambio en el gabinete que colocaría una persona allegada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la administración de los fondos de las obras sociales. La alerta tocó la puerta de la CGT, cuyos dirigentes decidieron suspender sus vacaciones ante el riesgo de otro avance del kirchnerismo, con un proyecto originado en el Instituto Patria para intervenir el control de esos fondos.

La noticia es inquietante. Ocurre en medio de una pandemia, con riesgo de una segunda ola de contagios, con el sistema de salud en tensión y sin un programa definitivo de vacunación nacional. Los recursos destinados al Fondo Solidario que financia parte del sistema de obras sociales son cuantiosos, del orden de los 60/65 mil millones de pesos el último año, con un déficit que estaría en el orden del 11/12 por ciento, que cada tanto es compensado por el Tesoro Nacional. El total del sistema insume fondos que se multiplican al menos por diez. Ha sido un terreno exclusivo de los sindicatos, base sobre la cual han sostenido su poderío económico e influencia política. El sistema de obras sociales forma un entramado con el sistema privado que, con mayor eficiencia y prestigio, ha crecido a través de las empresas prepagas. Como es conocido, la dirigencia política o sindical, incluso la férrea defensora del sistema público, corre a internarse los institutos privados cuando enfrenta problemas de salud.

En la misma semana volvió a detonar otro conflicto con el campo, por la prohibición de las exportaciones de maíz. Otra vez, motivos ideológicos cerraron las chances de llegar a un acuerdo intermedio. La información que trasladó el Consejo Agroindustrial al Gobierno, sirvió de poco. La entidad ofreció datos y estadísticas que demuestran no existe desabastecimiento en el mercado interno y tampoco alzas de precios con ese grano y sus subproductos. El Presidente prefirió abrazarse al modelo que defendió la Vicepresidenta, semanas atrás, en el Estadio Único, en donde elogió el modelo de Axel Kicillof y, por tanto, mantuvo la restricción. El avance decidido hacia mayores controles estatales se completó en esos días, con más medidas restrictivas a las importaciones que alumbró el Banco Central, en inicio las declaradas suntuarias, aunque se agregó de manera inmediata, los artículos del hogar, heladeras, lavarropas y toda la línea de plantas armadoras instalada en Tierra del Fuego.

Como síntesis, el esquema Kicillof anterior a 2015, durante su gestión al frente del Palacio de Hacienda, se extiende rápidamente: restricciones a las exportaciones y a las importaciones; mercado monopólico para las firmas armadoras de Tierra del Fuego; avances sobre las cajas con recursos que no controlan y, probable intento de establecer más controles de precios a todo el sistema privado productor de bienes de consumo. Como declaró el economista Fernando Navajas, “Todo apunta a que habrá un equilibrio malo estanflacionario donde no habrá decisiones de inversión”. Existe un rebote económico en los últimos meses, producto del progresivo desconfinamiento de las actividades, pero ese salto será débil, con poco recorrido. En el actual contexto con cepo, no existen incentivos para la inversión. La otra cara de la moneda es un piso alto de inflación, con lo cual se reproduce el esquema de estancamiento con inflación.

Otra conclusión es que este modelo no lleva ni a la estabilización de la economía ni a la generación de empleo y riqueza. ¿Puede haber otros escenarios? Claro que pueden ocurrir, nada está probado en esta historia en desarrollo, aunque los menús siempre oscilan entre opciones menos malas o peores. Por ejemplo, los que suponen serios riesgos de un Rodrigazo u otra Plan Bonex.

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El acuerdo con el FMI cada vez parece importar menos y de ocurrir, difícilmente logre una estabilización de la economía y un cambio de expectativas empresarias con disposición a invertir. El Palacio de Hacienda volvió a ralentizar las negociaciones y, para abundar, confirmó que solo le interesan para evitar que en abril próximo, el Gobierno deba pagar el vencimiento del Club de París o entrar en otro default.