La duplicación de la cantidad de homicidios en nuestra zona en 2020, en comparación con los crímenes registrados en 2019, así como la mayor utilización de armas de fuego en la comisión de delitos también en nuestra región, resultan ser las notas salientes del informe publicado ayer en El DIA, con datos estadísticos que en definitiva revelan la creciente violencia que caracteriza a la actividad delictiva en la actualidad.

El trabajo destacó también que muchos de los homicidios cometidos se relacionaron a peleas entre personas, desde contiendas ocasionales hasta disputas de tipo territorial, especialmente por las rivalidades existentes entre bandas dedicadas al narcotráfico, tal como lo vinieron reflejando las crónicas policiales del año pasado. “Faltan prevención y políticas públicas para que esto no pase. El narcotráfico fue creciendo en el país desde 1990; a partir de ahí, todo lo que ocurrió posibilitó el caldo de cultivo para el crimen organizado”, explicó un abogado, ex policía y experto en seguridad.

Según fuentes policiales la duplicación de la cantidad de muertes violentas en los doce meses computados obedece también a otros factores –entre ellos el de la creciente inseguridad reinante en las calles- aún cuando el trasfondo común a muchos de esos episodios deriva de que “hay más violencia en la sociedad y se ha divulgado, lamentablemente, la modalidad de tirar por tirar”.

Tales cuestiones fueron tratadas en diversas oportunidades en esta columna. Se está, indudablemente, ante la presencia cada vez más ostensible de armas de fuego en la vía pública. Esto se traduce, si se quiere inevitablemente, en tiroteos, asaltos con revólveres o pistolas y, también, en delincuentes abatidos por vecinos o efectivos policiales.

El tema no es nuevo. De acuerdo a las estadísticas aportadas hace diez años por el entonces ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense surgía que existían aproximadamente, en promedio, un arma por cada treinta habitantes de la Provincia. Esta proporción era considerada entonces muy elevada.

Se conoce sobradamente que un arma en un hogar es un factor de riesgo. Sobre todo cuando está o puede estar en manos de personas inexpertas en su manejo, no acostumbradas a utilizarlas y que no tienen un entrenamiento especial para su manipulación. La situación se agrava completamente si esas personas carecen de madurez mental o si, también, se encuentran bajo el influjo de alguna droga.

Años atrás se impulsó el denominado Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, un procedimiento que se ideó para reducir la cantidad de armas en manos civiles y que también contemplaba la rapidez de su destrucción. Lo importante es que el programa se gestó con la participación activa de la sociedad civil, de distintas ONGs y fundamentalmente de padres de víctimas, por el mal uso de armas. Los primeros resultados obtenidos mostraron que había una gran parte de la población que estaba dispuesta a desarmarse, cuando el Estado se lo proponía e incentiva esa entrega a través de algún tipo de compensación .

No se trata de asumir posiciones extremas. Pero sí de desalentar la tenencia de armas en la población civil. Está demostrado que no contribuyen a la seguridad y que, en cambio, pueden arruinar vidas o favorecer, de una manera u otra, a un mercado negro que alimenta a las organizaciones delictivas. No se ignora aquí el notorio déficit del Estado en el tema seguridad, pero peor es permitir que impere la ley de la selva.