El presidente, Alberto Fernández, y la vice, Cristina Kirchner, volvieron ayer a compartir un acto público en el inicio oficial de la campaña para las elecciones legislativas. Fue por un anuncio de beneficios para el sector agroindustrial, en medio de una relación tirante con el campo.
“No hace falta que todos pensemos igual”, admitió Fernández, por primera vez al lado de la expresidenta desde el revés del oficialismo en las primarias obligatorias del 12 de setiembre que consagraron candidatos a los comicios de medio término para renovar parcialmente el Congreso el 14 de noviembre.
El proyecto de ley de fomento a la agroindustria, “reivindica la cultura del encuentro y el diálogo”, dijo el mandatario.
El plan agroindustrial, un gesto conciliador hacia las patronales agropecuarias, contempla beneficios impositivos para aumentar en 7.000 millones de dólares exportaciones alimentarias que rondan este año los 29.000 millones.
Según el Gobierno, la iniciativa busca promover inversiones, agregar valor a los productos, crear empleos e incrementar las exportaciones de Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos.
“Buscamos consolidarnos en el escenario mundial como líderes en la producción de alimentos de origen animal y vegetal para un mundo cada vez más demandante”, señaló el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Entre otros objetivos, el proyecto incluye metas para alcanzar en 2030 los 100.000 dólares de exportaciones agroalimentarias y las 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres, desde una cosecha de unas 130 toneladas en la ultima campaña agrícola.
También se plantea el objetivo de crear 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el sector hacia 2030.
INCENTIVOS
El proyecto incluye el otorgamiento de beneficios fiscales e impositivos para los productores agropecuarios y las empresas, incentivos que serán mayores de acuerdo al cumplimiento de ciertos criterios relacionados con el incremento de la producción, el empleo, las ventas, las exportaciones y las inversiones.
Domínguez precisó que, entre otros estímulos fiscales, se otorgarán un bono de crédito fiscal equivalente al 50 % de la inversión para proyectos que respeten prácticas de cuidado ambiental y del suelo.
Sobre este punto, el presidente Fernández defendió que el Estado otorgue beneficios fiscales porque “los estímulos son sobre lo nuevo que se producirá”.
“No estamos estimulando lo que ya se hace sino lo que se va a hacer y lo que se va a crecer. Y sobre ese número creciente es donde los estímulos aparecerán”, señaló.
Mientras, las cuatro mayores patronales agropecuarias señalaron en un comunicado conjunto que el proyecto presentado contiene “solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades que dependen de muchas pautas de cumplimiento y de presupuestos” que no está establecido quién los regulará.
Las entidades reclamaron una ley de contenido “mucho más amplio donde queden claras las premisas fiscales de reducción de los derechos de exportación” que pesan sobre productos agroalimentarios “hasta su eliminación”.
Las patronales rurales y el Gobierno han mantenido en los últimos meses serias diferencias, entre otros asuntos, por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna.
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