El Gobierno tomó distancia del conflicto mapuche

El oficialismo abrió otro foco de conflicto interno, esta vez, con el gobierno de Río Negro: aunque aceptó reforzar con gendarmes la zona cordillerana que es blanco de ataques de grupos mapuches, instó a la gobernadora Arabela Carreras a crear un cuerpo específico de la policía provincial para atender la emergencia en lugar de exigir la asistencia federal, lo que fue cuestionado con dureza por la oposición. “No es función del gobierno nacional reforzar la seguridad de las rutas nacionales y de esta región”, advirtió ayer el Presidente en una sorpresiva carta dirigida a la mandataria provincial.

Es que Carreras había hecho un reclamo público a la Casa Rosada tras el ataque del pasado martes al Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, en el que exigió “a las autoridades nacionales que en el ámbito de su jurisdicción haya presencia de control y acompañamiento”. En la noche del jueves pudo dialogar telefónicamente con el Presidente luego que el ministro Aníbal Fernández (Seguridad) informara el envío de fuerzas nacionales a la zona.

Pero ayer por la mañana algo cambió. Mientras el propio titular de Seguridad dijo que la gobernadora “esta equivocada” porque no es obligación del Estado nacional asistir a la provincia en este tipo de casos, el jefe de Estado le escribió una carta a la mandataria provincial en la que asegura que más allá de la actual “colaboración”, no es responsabilidad de su administración reforzar la seguridad de esa zona patagónica. Le aconsejó crear un cuerpo de elite de la policía provincial y rechazó que los incidentes actuales propicien la intervención de fuerzas federales tal como estipula la ley 24059 (de Seguridad interior).

reacción opositora

Casualmente de recorrida por Río Negro y Chubut, Patricia Bullrich, consideró que Alberto Fernández “peca de ignorante eludiendo sus responsabilidades en materia de seguridad” y reclamó “la vuelta del Comando Unificado, donde participaban los tres gobiernos provinciales (Neuquén, Río Negro y Chubut), con los tres ministerios públicos, el ministerio Público Fiscal, y los ministerios de Seguridad, nacionales y provinciales, frente a la emergencia existente por una violencia extrema llevada adelante por grupos violentos”.

Desde el último miércoles la titular del PRO visita tierras patagónicas junto al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y fue en este marco en el que se hizo eco del rechazo de intendentes rionegrinos a la misiva enviada por el Presidente. “El sur está en peligro y usted lo abandona. Exigimos la inmediata rectificación de su posición”, agregó la ex ministra de Seguridad.

El radicalismo también salió a cruzar la postura del oficialismo. “El Presidente envía fuerzas de seguridad a Río Negro después de los reclamos desesperados del Gobierno provincial. Pero le dice a la Gobernadora que lo hace casi como una `gauchada` porque no corresponde a la Nación. Es el mismo Gobierno que defendió a Jones Huala en Chile”, puntualizó Mario Negri, titular del interbloque de “Juntos” en Diputados.

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La diputada rionegrina Lorena Matzen, en tanto, advirtió que “Jones Huala no se reconoce argentino y nuestro embajador aboga por él, vienen los ministros y se declaran complacientes con estos violentos delincuentes, la que debe venir no viene. ¿(Magdalena) Odarda (titular del INAI) dónde está? Los funcionarios cómplices con la violencia deben renunciar”.

Es que casi en paralelo, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, pidió la liberación del citado activista mapuche en una causa judicial que se tramita en el vecino país.

GOBERNADOR DISCOLO

El impacto político del nuevo frente interno, con todo, parecería inevitable. Ayer estuvo en Casa Rosada el gobernador chubutense, Mariano Arcioni, enfrentado al Ejecutivo y que en las últimas horas se solidarizó con Carreras por padecer conflictos similares en su territorio. Se trata del mandatario que se negó a bajar su lista con vistas a las generales del 11 de noviembre y que contribuyó a atomizar el voto peronista en las PASO que, a la postre, favoreció el triunfo de “Juntos”. Es una de las tres elecciones en la que el oficialismo apuesta a dar vuelta porque allí se eligen senadores.

Lo cierto es que la postura del Ejecutivo se explica en parte como un gesto hacia la propia interna oficial –ayer Estela de Carlotto defendió a los grupos mapuches y cuestionó el calificativo de “terroristas”- pero también para diferenciarse de lo actuado en la zona cordillerana patagónica durante el macrismo, que tuvo dos episodios polémicos que terminaron con la muerte de Santiago Maldonado y del joven Rafael Nahuel (en Villa Mascardi).

Fue por ello que ayer por la tarde Aníbal Fernández, con motivo de una reunión en Casa Rosada, insistió con su postura y advirtió que “no vamos a aplicar ninguna fuerza represiva como la que vimos en el caso Maldonado”, en referencia al activista encontrado ahogado en el río Chubut, en 2017, tras un operativo de la Gendarmería sobre la ruta 40. No obstante, el funcionario evitó dar precisiones sobre la cantidad de tropas enviadas en las últimas horas a la zona cordillerana. Según se supo, no se trasladarán agentes del AMBA y en cambio se relocalizarían a algunos de los apostados en la Patagonia.

Antes, la portavoz presidencial Gabriel Cerruti había asegurado que “repudiamos todas las situaciones de violencia y cuando hay conflicto lo que hay que llevar es serenidad. Usarlo en términos electorales solo aviva los conflictos” y defendió la actuación del embajador Bielsa al considerar que “cumplió con sus obligaciones consulares. No pidió su libertad (de Jones Huala) ni intervino como la defensa”.