Desafortunadas expresiones del Ejecutivo sobre el conflicto en Río Negro

Pocos territorios de la Nación han sufrido a lo largo de los tiempos más olvidos y discriminaciones por parte del Estado nacional, como la Patagonia. Este territorio se vio también, desde siempre, acosado por presiones y conflictos internacionales que pusieron en riesgo su integridad y la soberanía de nuestro país.

De allí que causen sorpresa y desconcierto recientes afirmaciones del presidente Alberto Fernández, en las que afirmó que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”, en alusión a la zona patagónica.

Se sabe que la gobernadora de Río Negro pidió ayuda al Ejecutivo nacional ante la violencia ejercida por grupos delictivos que incendian propiedades y otros bienes en El Bolsón.

El Presidente aludió a la ley 24.059 de Seguridad Interior y sostuvo que no era incumbencia del Estado Nacional intervenir, mientras el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, refrendó esa postura y le dijo a la mandataria por radio: “No señora, está equivocada, no es nuestra obligación”.

Más allá de que con posterioridad el Presidente rectificó en parte su postura y dijo que enviará a efectivos de Gendarmería para patrullar la zona que soporta la depredación causada por un autodenominado grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), la situación existente autoriza a formular diversas consideraciones.

Es una realidad que la Patagonia, desde los tiempos de la Colonia, vino sufriendo injustas postergaciones y discriminaciones. Así lo hicieron saber los propios y sufridos pobladores patagónicos en la no lejana época de la guerra de las Malvinas, cuando la atención pública se concentró en esa región y entonces los sureños aprovecharon para hacer sentir sus pretéritos reclamos, fundados en la segregación económica y política en la que vivieron durante muchas décadas.

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La historia muestra episodios casi extravagantes, pero significativos, como el registrado el 17 de noviembre de 1860, cuando fue creado por un aventurero francés, Antoine de Tounens, el “Reino de la Araucania y la Patagonia” que intentó sentar las bases de un estado mapuche y tehuelche que nunca llegó a ser reconocido. De Tounens -a quien luego se declararía mentalmente insano- afirmaba que la Araucanía y la Patagonia no dependían de la Argentina y Chile, por lo cual podía proclamarse independiente. La aventura terminó con su arresto.

Pero la Patagonia argentina se vio también sometida a una suerte de interminable “guerra de los mapas” con Chile. Los mapas argentinos aseguran que hasta 1810 todo el actual sur de Chile pertenecía al Virreynato del Río de la Plata y por su parte los mapas chilenos dicen lo contrario, que toda la Patagonia pertenecía a Chile. Y recién fue con el retorno de la democracia en 1983 que el Estado nacional comenzó a pagar su deuda con las provincias patagónicas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén, mediante la promoción de estímulos económicos y reconocimientos políticos.

Lo argumentado ahora por el Presidente para negarle apoyo armado a la provincia de Río Negro parece ir en primer lugar contra el mandato de la historia, por cuanto reitera un regresivo gesto discriminatorio que se creía superado. Al mismo tiempo, mal puede invocarse la ley de seguridad interior, toda vez que se está hablando de una región fronteriza, cercana a otro país. Existen también normas expresas sobre las obligaciones del Estado nacional en estas zonas.

Por otra parte, el hecho de que se esté hablando de un Parque Nacional, indudable jurisdicción federal, con un patrimonio paisajístico que lo convierte en una verdadera Meca para el turismo interior y extranjero -esto es, en una valiosa fuente de recursos para todo el país- vuelven mucho más desafortunadas las expresiones de los representantes del poder central de la Nación.