El 4 de febrero de 1813, la llamada Asamblea del Año XIII declaró libres a todos los esclavos que en calidad de tales entraran al entonces territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, casi 300 años después, continúan las prácticas laborales aberrantes con las que someten, por lo general, a las personas de más bajos recursos y escaso nivel educativo.

Eso es precisamente lo que se investiga en un predio de ruta 36 entre 448 y 206, en la localidad de El Peligro.

Al parecer, todo saltó a la luz pública por un incidente entre los empleadores y quienes eran sometidos a la realización de tareas rurales, se presume, de manera contraria a la propia condición del ser humano.

La aparente situación de insalubridad en la que descansaban, iban al daño o desempeñaban su jornada de trabajo, caldeó los ánimos y motivó la identificación de ocho operarios, todos oriundos de la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes.

Por el caso, personal policial identificó a dos hombres, un salteño de 63 años y un paraguayo, de 39, en una causa en la que tomó intervención el fiscal Juan Menucci, por presunto delito de trata laboral y que por el momento no tiene detenidos.

En el lugar, los agentes se encontraron con una entrada cerrada con portón eléctrico y dos sujetos haciendo las veces de custodios.

Una vez en el interior de la finca, a la que accedieron después de intensas gestiones, se entrevistaron con las víctimas, que refirieron sentir miedo, ya que habrían sido retenidos contra de su voluntad.

De acuerdo a sus dichos, los trajeron al lugar mediante engaños y con falsas promesas de buena paga y circunstancias laborales acordes.

Sin embargo, “todo fue una farsa”, destacaron.

De acuerdo al relevamiento que realizó personal del destacamento El Peligro, unas 12 personas dormían dentro de un mismo cuarto, equipado con cinco colchones y un inodoro.

Al parecer, otras cuatro personas, con las que también compartían habitación, habían podido darse a la fuga.

CONTEXTO

Es evidente que la articulación entre todas las dependencias con capacidad de inspección favorece la detección de delitos que, de otra manera, permanecerían impunes a causa del ámbito de privacidad en el que suele darse la explotación laboral.

Si bien para la configuración del tipo penal no es necesario que la explotación se materialice, sí se exige acreditar que el autor haya actuado con la intención de reducir u obligar a esa persona a las situaciones descriptas, o que otro lo haga.