Lucas y Alejandro, víctimas de un sistema letal

Los crímenes de Lucas González (17) y Alejandro Martínez (35) ocurrieron a varios kilómetros de distancia y en situaciones disímiles, pero guardan una estrecha conexión: las prácticas abusivas de un sistema que debe ser revisado y modificado.

En ambos hechos se destaca la violencia desmedida y la falta de protocolos de actuación, cuando en ninguno de los dos casos las víctimas presentaron un riesgo para los efectivos policiales o terceros.

En las últimas horas, un vecino de Barracas que paseaba a su perro cuando el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, acribillaron el auto en el que iba Lucas con sus amigos, refirió que los oficiales nunca se identificaron durante el presunto procedimiento.

Cabe recordar que los tres integrantes de la brigada iban de civil y en un auto sin identificación.

Según contó el testigo, vio desde unos 60 o 70 metros el momento en el que tres personas -que luego supo eran policías- se bajaron de un auto con chalecos negros “sin ningún tipo de identificación” y fueron hacia los ocupantes de otro vehículo, lo que lo hizo pensar que se trataba de “ladrones”. Y afirmó que no escuchó que gritaran “alto policía”, ni sirenas, ni silbatos aunque sí disparos realizados por uno de ellos.

En tanto, fuentes judiciales indicaron que la “reautopsia” que le practicarán al cuerpo de Martínez será realizada el 2 de diciembre próximo. Como informó este diario, la llevarán a cabo los mismos médicos que hicieron la primera, cuyo resultado preliminar había determinado que el hombre falleció como consecuencia de una “asfixia mecánica” y además sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.

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En esta ocasión, tanto el abogado Miguel Molina, representante de la familia Martínez, como las defensas de los policías, pondrán sus peritos de parte para evacuar todo tipo de dudas.

Por el asesinato hay nueve policías detenidos, acusados de “homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función”, a disposición de la Justicia de Garantías de Dolores.

Al ser indagados, ocho de ellos se negaron a declarar. Una oficial aseguró que, al momento de la muerte de Martínez, ella había salido a patrullar.