Los abogados defensores de la policía bonaerense pidieron a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y ART que informe si Alejandro Nicolás Martínez, el hombre de 35 años que murió asfixiado en un calabozo de la comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú “había percibido indemnización por un accidente de trabajo”, teniendo en cuente, dijeron, “los propios de los familiares”.

Los informes oficiales respaldaron los dichos de la familia de la víctima, confirmando que Martínez percibió más de 5 millones de pesos por “una incapacidad derivada de accidente de trabajo”, además de ofrecer detalles de otros dos juicios por despido y disminución de la visión de un ojo, informaron fuentes oficiales. “Nos siguen tratando como si Alejandro fuera un delincuente”, lamentaron los abogados que representan a la familia de este hombre que fue demorado por causar daños en un hotel y terminó asfixiado y con golpes.

El informe de los forenses de Lomas de Zamora fue clave para que el primer fiscal del caso, Pablo Gamaleri, indagara a nueve policías, que ya fueron desafectados de la Bonaerense, por el delito primario de “homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento, y en concurso premeditado de dos o más personas, por ser ejecutado por miembros de las fuerzas de seguridad abusando de sus funciones o cargos”.

Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra son los tres oficiales acusados de matar a Martínez, y, subsidiariamente, de “tortura y abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Mientras que a los policías Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo los acusan, además de ser partícipes necesarios del homicidio, por el delito subsidiario de “omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte”. El 2 de diciembre harán una nueva autopsia.