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La ley de leyes prevé para 2022 gastos por $3,1 billones y deuda por $94 mil millones. El debate por un fondo que desvela a los intendentes
Al cierre de esta edición, y ya de madrugada, la Legislatura bonaerense se disponía a aprobar el Presupuesto y la ley Impositiva con la que el gobierno de Axel Kicillof prevé para el año próximo un aumento promedio del 35 por ciento en los impuestos patrimoniales, pero que puede llegar al 45 por ciento en las propiedades de mayor valuación fiscal.
El debate de ambas normativas, claves para el ordenamiento económico de la Provincia, comenzó con la votación en la Cámara de Diputados como epílogo de una maratónica sesión extraordinaria (la última del año) que tuvo en la reforma a la ley que limita las reelecciones indefinidas de los intendentes (ver página 4) su centro de gravedad.
De hecho, la aprobación de esos cambios fue crucial para allanar el camino hacia la votación de la ley de leyes.
En términos generales, y tal como venía informando este diario, la administración provincial proyecta para el año próximo un gasto total de $3,1 billones (con especial énfasis en Seguridad, Obras Públicas, Salud y Educación) y un pedido de endeudamiento por más de 90 mil millones de pesos.
Pero en el debate sobre la administración de los recursos bonaerenses un capítulo aparte mereció el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por el que batallan los intendentes, sobre todo los opositores. Sobre ese programa, que desde 2016 distribuye recursos para la ejecución de obras en los 135 municipios de la Provincia, los alcaldes venían reclamando un porcentaje presupuestario cercano al 2,82 del Presupuesto total (como había sido hasta ahora). Ese cálculo representaría 88.639 millones de pesos a repartir entre todas las comunas, bastante más que los 18.000 millones de pesos que finalmente se destinarían al FIM, además de otros 7.000 millones en concepto de Seguridad. No obstante anoche, y como parte de arduas negociaciones entre oficialismo y oposición, no se descartaba la inclusión de una especie de “compensación” para atender el reclamo de los intendentes.
Por el lado de la Impositiva, como se mencionó, el aumento en los impuestos que se votaba promedia el 35 por ciento y establece topes del 45 por ciento para propietarios de autos e inmuebles (tanto urbanos como rurales) de alta valuación fiscal. En tanto que no superarán el 50 por ciento, según aseguraron fuentes oficiales.
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“Habrá topes progresivos de crecimiento. La inmensa mayoría tendrá aumentos iguales o menores al 35 por ciento. Esto implica reducción de la carga impositiva para la gran mayoría de los contribuyentes”, había explicado en la víspera del debate parlamentario el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López.
Una de las particularidades de la ley de leyes que la Legislatura se aprestaba a aprobar en la última sesión del año consistía en la creación de 25.450 nuevos cargos estatales. De ellos, 12.000 corresponden a planta temporaria de la Dirección de Cultura y Educación para cubrir designaciones de personal auxiliar y de personal docente “con destino al fortalecimiento de las trayectorias educativas en el marco del Programa para la Incentivación de la Enseñanza”. Además, prevé incorporar 10.000 efectivos a las fuerzas de seguridad. También, anticipa 2.025 ingresos (entre planta permanente y temporaria) para el ministerio de Salud; 1.500 para el Ministerio de Justicia; 200 para el Poder Judicial; 120 para el Ministerio de Mujeres y 30 para el instituto Universitario Policial Juan Vucetich.
Además de estos 25.450 cargos, el Presupuesto contempla la creación de 150.819 horas cátedra para Ministerios y Universidades. A modo de ejemplo, la mayoría de ellas son en planta temporaria y para la Dirección General de Cultura y Educación (116.500 horas), como así también para los establecimientos de formación policial que dependen del Ministerio de Seguridad (22.580) y el Instituto Universitario Policial Provincial Juan Vucetich (4.420).
El tratamiento del Presupuesto y la ley Impositiva que se votaba anoche se inscribía en un amplio paquete de medidas que incluyó además la modificación de la ley de Ministerios; la cobertura de vacantes en organismos de la Provincia y la mentada reforma a la ley que limita las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses.
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