Profesionales, empresarios y comerciantes de la Región vinculados al sector de la construcción en la Región denunciaron en las últimas jornadas que están volviendo a producirse “visitas” a sus sedes y locales por parte de quienes dicen ser representantes del gremio que opera en el rubro -SITRAIC- que recientemente abrió una delegación en La Plata.
En esos encuentros, los sindicalistas intentarían reinstalar prácticas extorsivas que fueron comunes hace unos años y que se concretaban a través de presiones ejercidas desde la UOCRA local, conducida entonces por el ex titular de esa entidad gremial, Juan Pablo “Pata” Medina, que hoy permanece con arresto domiciliario, acusado de asociación ilícita y lavado de dinero.
Los responsables de las obras privadas no ocultaron ahora su preocupación, pues temen que, como derivación directa de esas malas prácticas, puedan acelerarse los costos de la edificación y llegarse, como ocurrió en un pasado aún reciente, a la paralización de muchos emprendimientos en la Región.
Cabría recordar que, efectivamente, la actividad de la construcción en La Plata se vio profundamente afectada por un penoso historial de incidentes, amenazas, extorsiones y otros delitos de los que fueron víctimas numerosos empresarios y comerciantes.
En una reunión realizada hace años en la sede del Colegio de Arquitectos con jueces y fiscales afirmaron haber sufrido tomas o paralizaciones de obras, haber sido presionados por la UOCRA local para que se contratara a obreros inscriptos en una bolsa de trabajo del gremio -muchos de ellos personal ineficiente, desconocedor del oficio-, así como obligarlos a contar en sus planteles con una superabundancia de delegados, bajo amenazas no sólo de tomas y de paros, sino, también, de agresiones físicas y destrozos en la construcción.
Como se recordará, la situación se tornó muy compleja y fueron muchas las obras paradas, tanto en lo que se refiere a los edificios de altura como a viviendas unifamiliares a las que también acudían desde el gremio para “solicitar” que se tomaran obreros, que habitualmente ni siquiera acudían al lugar, o se pagaran “contribuciones” para permitir la continuidad de los trabajos.
Fueron muchos los esfuerzos que hubo que desplegar ante diversos estamentos institucionales, para lograr que finalmente la actividad de la construcción en nuestra zona se viera liberada de ese verdadero flagelo.
Sin embargo, ahora los empresarios y comerciantes advierten que desde el mencionado sector gremial se intentaría reincidir en un rumbo tan lamentable.
Es de esperar que las autoridades policiales y judiciales investiguen y esclarezcan lo que estaría ocurriendo, cortando de cuajo esas tentativas y sancionándose a los autores de estos delitos.
Se está frente a una situación económica muy crítica, que exige como nunca antes de la sociedad toda sujetarse a los marcos legales, de modo que existe, por parte del Estado, la responsabilidad superior de impedir desbordes e ilegalidades.
La Constitución y las leyes son claras a la hora de prever las sanciones correspondientes, para quienes no entiendan que ellas obligan a todos a cumplirlas.
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