Una modalidad de comercialización ilegal que el Estado debe combatir

El reciente allanamiento de un showroom en Puerto Madero, en el que fueron secuestradas más de 2.000 prendas entre ropas y zapatillas, en el marco de una causa por falsificación de marcas de estas indumentarias, no hizo más que poner en evidencia una cada vez más divulgada modalidad ilícita de venta.

Tal como se señaló en la edición de ayer, este tipo de maniobra no es nueva ni está acotada a ese exclusivo barrio porteño. En La Plata, tanto en el casco urbano como en localidades de la periferia, existen muchos de estos “emprendimientos”, que no hacen sino golpear aún más a los castigados comerciantes que cumplen con las normativas vigentes.

El operativo, que dejó también al descubierto una exposición de artículos con promoción de futbolistas y famosos por Instagram, se concretó en el tercer piso de uno de los edificios ubicados a lo largo de la avenida Alicia Moreau de Justo, por infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la falsificación de marcas.

El caso se inició por la denuncia de los apoderados de empresas internacionales de primera línea, que informaron que en ese lugar se comercializaban indumentaria y accesorios que exhiben las marcas de titularidad de sus representados, a pesar de no haber sido fabricadas por ellos, de acuerdo a las fuentes.

A grandes rasgos debiera decirse que resulta inadmisible la tolerancia que ha venido imperando frente a las distintas modalidades de venta informal. Los criterios permisivos que en las últimas tres décadas presidieron en el tema de las distintas formas de venta informal en La Plata, se tradujeron, finalmente, en una serie indefinida de problemas, cuyos principales perjudicados, además de los comerciantes instalados, son los vecinos.

Si bien y esencialmente el problema se presentó con la venta ambulante -con una insólita expansión en La Plata, al punto de convertirla en una de las ciudades con mayor presencia en el país de ese tipo de comercialización- se vio también agudizado por algunas “saladitas” y ahora por la aparición todavía no ponderada, pero que se presume muy numerosa, de los modernos showrooms que cumplen el mismo y negativo cometido. Es decir, se manejan por fuera de los marcos legales, sus “emprendedores” no tributan ningún tipo de impuestos y, además, falsifican las marcas de ropa.

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Las denominadas “ferias de artesanos” que, en realidad, no lo son, ya que allí se venden productos propios de las llamadas ferias paraguayas o saladitas; la diversidad de manteros y puesteros que abarrotan las plazas y veredas céntricas de la Ciudad y ahora, como se ha dicho, el despunte de los showroom. Frente a ese panorama, está claro que el Estado debe salir en defensa de los marcos legales, del comercio regular, de la higiene, de los derechos de autor, de la seguridad jurídica y de la competencia leal, en lugar de seguir con los brazos caídos frente a todas las irregularidades.

Ninguna argumentación es válida para que se tolere el desmedro que sufren las leyes frente a tantos infractores, sean falsificadores, contrabandistas o evasores de tasas e impuestos. Para ello hace falta que, sin más dilaciones, se apliquen en forma conjunta las normas comunales y las leyes provinciales y nacionales que regulan la actividad comercial. Es la única fórmula que podrá frenar la producción y venta ilegítima de mercaderías.