La primera resolución de su tipo en la Provincia

Si bien en el caso de Patricia Aguirre la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y el Tribunal de Casación Penal provincial determinaron que los delitos denunciados habían prescripto, el juez de Garantías N° 8 de Loma de Zamora, Gabriel Vitale, resolvió que el Estado tiene la obligación de investigar aunque no se aplique una sanción penal.

Al cancelar el derecho de la víctima a que “su verdad” sea discutida públicamente, la Justicia “transforma esa violencia particular denunciada en violencia institucional pública”, sentenció Vitale en junio pasado.

Es la primera vez que se dicta en la provincia de Buenos Aires un fallo que reconoce el valor que tiene para las personas denunciantes de abuso infantil la posibilidad de llegar a un Juicio por la Verdad.

Si bien existe la posibilidad de que esa resolución sea apelada por la defensa, por lo cual la Cámara de Apelaciones y Casación tendrán que expedirse nuevamente, en caso de quedar firme la medida Vitale llevaría adelante un Juicio por la Verdad como si fuera un debate oral ordinario.

“Si el delito está prescripto no se puede aplicar pena, pero nada impide –teniendo en cuenta la gravitación que hacen los tratados de derechos humanos y la protección de los niños en sí--, que por lo menos que se lleve adelante un juicio por la verdad, donde se pueda juzgar a la persona y determinar si es o no responsable. Igual que ocurrió con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, después de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el planteo judicial que hicieron organismos de derechos humanos. Para la víctima serviría como acto reparatorio”, dijo el juez.

Al proponer la realización de un Juicio por la Verdad, Vitale abre una puerta al reclamo de justicia vienen planteando otras víctimas de abusos infantiles ocurridos antes de que se declarara la imprescriptibilidad de estos delitos.

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