Alejandro Miguel Ochoa (55) debía estar preso hasta el 16 de agosto de 2024 por una condena que recibió en 2017, pero una “conducta ejemplar 10”, talleres de yoga, clases de ajedrez y teatro y problemas de salud que lo ubicaban dentro del grupo de riesgo frente al Covid-19 lo hicieron acreedor de un arresto domiciliario que arrancó en mayo de 2020. En las últimas horas fue detenido de nuevo, pero no por incumplir esa medida sino bajo sospecha de ser el motochorro que el viernes pasado mató a la psicóloga social María Rosa Daglio (55) al tirarla al piso en pleno centro de Ramos Mejía mientras la arrastraba para sacarle su cartera.

El beneficio excarcelatorio se lo otorgó en abril de 2020 la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, integrada por los jueces Esteban Viñas y Marcelo Riquert, pese a que Ochoa tiene más de diez causas penales y purgaba una condena de ocho años y medio de prisión que le impuso un tribunal marplatense por otros dos robos cometidos bajo similar modalidad al que le costó la vida a Daglio.

Para obtener su arresto domiciliario, la defensa de Ochoa aludió al inminente riesgo de que contrajera coronavirus por sus enfermedades preexistentes: Epoc y problemas urinarios, informaron fuentes oficiales. Fuentes oficiales consultadas por este diario confirmaron ayer que 20 detenidos murieron en 2020 con diagnóstico de coronavirus, aunque aclararon que muchos de ellos “no fallecieron a causa de esa enfermedad”, más allá del diagnóstico.

Faltan precisiones, sí, respecto del número exacto de personas que fueron liberadas por la pandemia, que EL DIA requirió al Servicio Penitenciario y a la Procuración de la Provincia. Lo único que trascendió, extraoficialmente, es que “a partir de marzo de 2020 hubo menos libertades que en el mismo período de 2019” (ver aparte).

Lo cierto es que desde que estalló esta polémica, en abril de 2020, se conocieron varios casos que tuvieron un fuerte impacto mediático por la gravedad de sus consecuencias, a contramano de las cifras que desde los despachan filtran a los medios. El de Ochoa es uno de ellos.

En abril de 2020, el juez de Instrucción Ricardo David Perdichizzi le denegó el arresto domiciliario que pedía la defensa y el fiscal Marcelo Blanco estuvo de acuerdo con el argumento de que el detenido “no presenta discapacidad ni enfermedad incurable terminal, presenta como patología de base EPOC pero la misma puede ser tratada válidamente en el contexto de encierro”. Ochoa purgaba en la Unidad Penitenciaria de Batán una condena por “robo agravado y lesiones graves” por un hecho en el que actuó igual que con la psicóloga, solo que esa víctima, Giovana Ingoglia (32), sobrevivió. Fue en el verano de 2016, cuando esperaba un taxi junto a su mamá para ir al teatro y la sorprendió el rugido de una moto. Antes de que pudiera reaccionar, Ochoa la arrastró una cuadra; el brazo derecho de la chica se enganchó en una de las ruedas.

Giovana, que tuvo que someterse a tres operaciones en el brazo y aún padece un terror persistente al sonido de las motos, se enteró de que dos jueces habían mandado a Ochoa a su casa el mismo día en que cayó preso en su casa de Castelar, acusado de matar a otra mujer en un episodio tan parecido al suyo. “A mí nadie me preguntó”, lamentó la víctima, en alusión a la decisión de los jueces Viñas y Riquert, quienes explicaron que concedieron el beneficio siguiendo criterios fijados por el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte provinciales.

“Se tuvo en cuenta el informe de salud y el informe de la autoridad penitenciaria”, indicaron, sin pasar por alto, entre otras cosas, “la promoción de primer y segundo año del ciclo secundario (años 2018-2019) y su concurrencia a los talleres de yoga (2019/20), teatro (2016/17/18), alcohólicos anónimos (coordinador en 2018 y 1019) e instructor de ajedrez (2016)”.

Pero ni el ajedrez, ni el yoga, ni el coaching para superar las adicciones impidieron que en octubre del 2020 volviera a delinquir, y, aunque lo detuvieron, también falló el sistema de identifación. La explicación oficial es que logró engañar a las autoridades con el nombre de un hermano suyo discapacitado, por lo que lo liberaron hasta que advirtieron la maniobra y lo declararon prófugo.

Desde la Fiscalía General de La Matanza añadieron que el “departamento técnico-criminológico” de la autoridad penitenciaria en su momento “estimó la conveniencia de que el interno Ochoa acceda al régimen de prisión domiciliaria”.

“Tal medida fue revocada el noviembre del año pasado por el Juzgado de Ejecución 1 de ese departamento judicial (Mar del Plata) por haber incumplido con el arresto concedido en su oportunidad”, pero nadie lo encontró hasta que el escándalo por el crimen de Daglio condujo a la policía hasta un domicilio en Castelar Norte (Morón). Es un poco de respiro entre tanto dolor”, dijo Pilar, una de las hijas de la psicóloga social asesinada, quien pidió que Ochoa sea condenado a perpetua.

Voceros que participaron del operativo dijeron que Ochoa admitió extraoficialmente el hecho y que, en su poder, se hallaron las prendas de vestir que usaba el día del hecho, mientras que en la casa de un vecino, su casco, y en otro sitio la moto.