Del “no conozco contagiados” al “falleció”

“No conozco a ningún contagiado por COVID-19”. Esta frase era recurrente en Venezuela, incluso cuando otros países habían llegado al límite de sus recursos sanitarios. Pero la tendencia se revirtió y, ahora, mientras otros se recuperan y se vacunan a diferentes velocidades, la nación caribeña retrocede y el colapso del sistema de salud es visible.

A la fecha, es casi imposible encontrar un venezolano que no haya sufrido la enfermedad o no tenga un familiar o allegado que lo viva o lo haya vivido. Y también lo es no conocer a alguien que haya llorado a un ser querido fallecido por coronavirus, algo que ocurrió en el resto del mundo en la primera mitad de 2020.

Más allá de datos oficiales, ya es imposible ocultar algo que se ve, se sufre y se padece, en un país que, ya sea por una dudosa gestión de sus autoridades o por -como asegura el Gobierno- las sanciones impuestas por EE UU, la Unión Europea y otras naciones, no está preparado para afrontar una pandemia que está cambiando el mundo.

Ante la desconfianza generada por las bajas cifras de contagios y muertes por COVID-19 brindadas por el Ejecutivo, el termómetro más fiable era el “conozco” o el “no conozco”. Y lo sigue siendo. La negación daba cierta credibilidad a los datos oficiales, si bien parecían demasiado bajos.

Y ahora que los números se han incrementado considerablemente, y pueden sonar más creíbles, los porcentajes no se corresponden con el objetivo medidor ciudadano -aunque no preciso- del “conozco”.

Los contagios que se conocen de primera mano, ya sean más o menos cercanos, son innegables e irrebatibles, mientras que los datos oficiales -aun aceptando como válido un lógico margen de error- generan cada vez más desconfianza, sobre todo por las mentiras, voluntarias o no, obvias.

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Una de las premisas del Gobierno, según aseguran a diario los funcionarios que brindan los informes, es que todos los casos de contagio detectados deben estar, obligatoriamente, hospitalizados, algo que se incumple de manera sistemática, según ha contrastado Efe con enfermos diagnosticados positivos para COVID-19 en centros sanitarios públicos y enviados a recuperarse en sus domicilios.

Esto ocurre en un país en el que, según las autoridades, en junio del pasado año, había 23.762 camas en hospitales disponibles para atender contagiados, y que hoy -aseguran- únicamente hay 9.724 casos activos, de los 154.165 que sufrieron o sufren la enfermedad.

Estos datos, a los que hay que añadir que 1.532 fallecieron, señalan que la recuperación está en torno al 93 por ciento, por lo que no debería haber problema para albergar a contagiados en hospitales o centros de salud.

Otra de las afirmaciones recurrentes del presidente del país, Nicolás Maduro, es que el Gobierno proporciona tratamiento médico gratuito a todos los afectados por el virus. Esta afirmación es desmentida por enfermos y familiares que imploran ayuda para conseguir fármacos antiCOVID a través de redes sociales o mensajes en cadena entre conocidos.

Son estas aseveraciones fácilmente rebatibles con pruebas objetivas y palpables las que generan más desconfianza en la población, sabedora que le están mintiendo, más allá de unos números o unos porcentajes más o menos acertados.

Estas mentiras dan lugar a la pregunta lógica y comprensible: “Si en esto -que sabemos con certeza y de primera mano que es falso- nos mienten, ¿nos estarán mintiendo también en las cifras de contagio que nos proporcionan a diario?”.

PCR GRATUITOS A 80 DÓLARES

“A cualquier caso sospechoso de COVID-19 se le hace la PCR gratuito inmediatamente”. Esta es otra de las falacias más extendidas en Venezuela tras ser difundida por el Ejecutivo, que controló, durante los primeros meses de pandemia, los laboratorios del país que podían realizar el test.

Hasta hace apenas un par de meses, era imposible buscar un centro que realizase la prueba a cualquiera que quisiera saber si estaba contagiado. Todo estaba bajo control del Estado.

Pero sin anuncio previo, de pronto, proliferaron los laboratorios que efectúan la PCR a cualquiera que lo desee, no sin antes abonar los 80 dólares correspondientes. “No aceptamos pago con tarjeta, no aceptamos bolívares. Solo dólares en efectivo”.

Si bien algunos analistas clínicos bajaron el costo hasta los 60 dólares, el precio casi generalizado es el de 80, una cantidad inalcanzable para quienes perciben el salario mínimo venezolano, de menos de un dólar mensual.

Ante este panorama, son miles de personas las que se realizan pruebas rápidas, ya sean de pago o gratuitas, un test que ha demostrado su ineficacia y riesgo, ya que por Venezuela campan a sus anchas ciudadanos que confían en un diagnóstico erróneo, poniendo así en peligro la vida de sus semejantes. (EFE)