Registro público de beneficiarios de vacunas: prioridad en la agenda pública

Luis María Ferella *

Abogado

Como ya lo expresara en otras oportunidades “El flagelo de la corrupción es un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que no reconoce límites ni fronteras y afecta a las diferentes esferas del Estado; distorsiona la asignación de recursos, condiciona la calidad de vida de la ciudadanía y destruye la confianza pública”.

Convencido que para prevenir la corrupción hay que realizar un trabajo articulado entre todos los actores políticos de la vida pública de la Provincia, y esforzarse al máximo en el desarrollo y perfeccionamiento de marcos normativos sólidos que dificulten la aparición de prácticas irregulares o corruptas.

Es necesario encontrar herramientas simples, con un diseño moderno, y transparente, que permitan incorporar a los ciudadanos, transmitirles confianza, asociarlos para que puedan interactuar, y de alguna manera contribuyan a fortalecer el control sobre la totalidad de los funcionarios y sus actos.

En la Provincia de Buenos Aires se inició en el año 2015 un proceso de cambio y fortalecimiento institucional que no debe discontinuarse.

Los múltiples actores deben continuar involucrándose, y trabajar en conjunto para lograr el compromiso y la confianza de los ciudadanos, y así sumar esfuerzos, para disminuir la posibilidad de desvíos éticos.

Cuenta con estado parlamentario en la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear en el ámbito de la Provincia un Registro público de datos de la población vacunada contra la Covid-19, que permitirá aumentar los controles de los ciudadanos bonaerenses sobre el plan de vacunación en marcha.

Con un registro en formato electrónico abierto, accesible, transparente y público se garantizará que no existan desvíos éticos de aquellos que por su rol de funcionarios se sienten en situación de privilegio, y será un obstáculo que dificultará la toma de decisiones indebidas en esta emergencia sanitaria que estamos transitando.

Aumentando los controles, haciendo públicos los datos y la trazabilidad de las dosis, se evitarán tentaciones que lleven a aumentar la degradación ética.

El articulado normativo en debate que crea el registro de datos, plantea la necesidad de un trabajo coordinado entre la cartera sanitaria y de Justicia para lograr beneficios en el plan de vacunación que lleva adelante el gobierno provincial.

El Ministerio de Salud sería el responsable del diseño del registro, su carga, accesibilidad, guarda, actualización y mantenimiento, y el Ministerio de justicia y Derechos Humanos de poner a disposición los canales adecuados para que los ciudadanos tengan la posibilidad de hacer conocer las irregularidades que vayan detectando y tomar las medidas jurídicas adecuadas.

Es necesario y perentorio encontrar los consensos necesarios que permitan debatir sobre este tipo de propuestas legislativas, enriquecerlas, mejorarlas, y oportunamente ponerlas en marcha en beneficio de los bonaerenses y del plan de vacunación contra la Covid-19.

Fortalecer las herramientas del Estado provincial para reducir los riesgos de corrupción, recomponer la confianza pública, y evitar la erosión de las bases éticas, es una tarea que debería ser prioridad en la agenda pública.

* Ex titular de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI)

de la Provincia de Buenos Aires.

“Aumentando los controles, haciendo públicos los datos y la trazabilidad de las dosis, se evitarán tentaciones que lleven a aumentar la degradación ética”