Una noticia publicada ayer señaló que son cada vez más los casos de roturas de silobolsas en el interior bonaerense y que la inseguridad rural, que abarca también a otras figuras delictivas, no deja de crecer. En esta oportunidad, como se ha dicho, la incertidumbre y la preocupación se hace sentir entre los productores, con el epicentro del problema en establecimientos de la provincia de Buenos Aires.

El último caso informado ocurrió jornadas atrás en un campo ubicado frente a la ruta 73, entre Tres Arroyos y Claromecó, en donde personas desconocidas tajearon dos silobolsas que contenían 150 toneladas de girasol.

“Cuando llegué al lugar y descubrí la rotura, me agarró una sensación de impotencia y mucha bronca. Soy una persona que no tiene problemas con nadie. Es por eso que no tengo sospechas los motivos del ataque”, dijo el productor, quien además confirmó que de manera inmediata realizó la denuncia policial.

Cabe señalar que hasta el momento, en lo que va del año, los casos de rotura de silobolsas habían tenido lugar, en la provincia de Buenos Aires, en los distritos de Bolívar, Tandil, San Antonio de Areco y Coronel Dorrego. Y también hubo casos en Santa Fe, donde semanas atrás en la localidad de Sa Pereira, un tambero denunció que le rompieron 11 silobolsas, de los cuales cuatro contenían granos de maíz partido, cuatro con silo de alfalfa y tres con silo de maíz.

Se está, sin dudas, frente a un delito que crece. El año pasado, según los datos aportados por el sector privado, se rompieron más de 160 silobolsas. Las provincias más afectadas fueron Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Pero también los productores enfrentaron en los últimos meses, incendios intencionales en sus campos y robo de hacienda y maquinaria agrícola. La mayoría de los casos no fueron esclarecidos.

El aumento de la inseguridad rural tiene lugar en momentos en los que el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación se comprometió a dar tratamiento en mayo próximo, en el recinto de la Cámara baja, al proyecto de ley para combatir y castigar el vandalismo rural contra cosechas, tolvas, silos y los ataques a silobolsas. Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Legislación Penal. El oficialismo busca con dicho proyecto frenar los ataques a los silobolsas y propone incorporar estos ataques sólo basados en el simple ánimo de destruir.

Se ha dicho reiteradamente en esta columna que, más allá de las obvias limitaciones que imponen las distancias para el patrullaje en zonas rurales, es evidente la necesidad de diseñar un plan de acción frente al auge de la inseguridad en los campos. El cuatrerismo, que es otro de los delitos predominantes, constituye también un flagelo endémico para los productores.

Es evidente que la inseguridad rural implica la existencia de bandas especializadas, conocedoras de la zona y de las costumbres, que deben disponer de transportes especiales y de otros recursos imprescindibles para movilizarse en las grandes distancias. Lo cierto es que las implicancias y derivaciones de la inseguridad rural reclaman no sólo un mayor control policial, sino el despliegue de investigaciones más complejas.

Los esforzados productores de la Provincia, muchos de ellos propietarios de pequeñas parcelas, han dicho sentirse desprotegidos, inermes frente a delincuentes que, al parecer, durante días estudian el lugar y saben en qué momento concretar los distintos tipos de delitos. La única respuesta posible para ellos la debiera dar una activa y continuada presencia policial y judicial, sin la cual no podrá superarse este aumento de la actividad delictiva en el ámbito rural.