La reforma a la ley del Ministerio Público, con la que el oficialismo pretende designar por mayoría simple al jefe de los fiscales federales, hoy podría lograr dictamen en Diputados en medio de los cruces que el Gobierno mantiene con la oposición, y que la iniciativa tiene un solo objetivo: lograr la “impunidad” de ex funcionarios del kirchnerismo procesados en distintas causas judiciales.

Tras el impulso que dio al proyecto el ministro de Justicia, Martín Soria, el Gobierno asegura haber logrado sumar voluntades para hacer avanzar la iniciativa, que ya tenía la media sanción del Senado en noviembre pasado y desde entonces se encontraba trabada en la Cámara baja por falta de acuerdo político. Soria reemplazó en marzo último a Marcela Losardo -estrecha colaboradora del Presidente, a quien le unía una amistad-, que había quedado en medio de una disputa interna por su supuesta falta de compromiso para apoyar la agenda judicial que buscaba imponer el kirchnerismo.

En este marco, hoy desde las 19 el proyecto se tratará en el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja y en el oficialismo descuentan que lograrán el dictamen con la intención de llevarlo al recinto antes de fines de mayo, a pesar de la firme oposición de Juntos por el Cambio, que amenazó con trabar otros proyectos clave y hasta la postergación de las PASO.

Además, ayer los diputados lavagnistas de Consenso Federal anunciaron que no acompañarán la iniciativa y, de esta forma, salieron al cruce de las versiones que indicaban que apoyarían la propuesta del Ejecutivo. “Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Qué reforma del ministerio público fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?” cuestionó Eduardo “Bali” Buca, titular del interbloque. Tampoco la acompañarían los diputados referenciados en el gobernador cordobés Juan Schiarretti.

Con todo, en el oficialismo estuvieron trabajando para sumar adhesiones ya que de lo contrario, aseguran en la oposición, no habrían acelerado el tratamiento del proyecto. Al respecto, la ex titular de la Oficina Anticorrupción macrista, Laura Alonso, denunció que varios legisladores “vendieron su voto a Cristina Fernández de Kirchner”. A través de su cuenta de Twitter, acusó de esa presunta maniobra a Pablo Ansaloni, Ricardo Wellbach, Luis Di Giacomo y el titular del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramon –quien hace días apareció en una foto institucional con el ministro Soria- y los tildó de “falsos opositores”.

Ya el domingo pasado, en una sorpresiva convocatoria virtual, la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) desestimó la iniciativa en un duro comunicado con el título “Quieren quedarse con la libertad de los argentinos”. En el contenido explicaron que “la rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”.

El jefe del interbloque en la Cámara baja de JxC, el radical Mario Negri, profundizó: “No responde a las urgencias que tiene la sociedad. El kirchnerismo quiere borrar a los fiscales independientes, quitarle la libertad a los argentinos y lograr impunidad”.

En la oposición aseguraron, asimismo, que la reforma del Ministerio Público busca desplazar al procurador interino Eduardo Casal y reemplazarlo por un funcionario afín al Ejecutivo en momentos en que avanza en el país la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal. En verdad, esa enmienda, que le da más poder en la investigación a los fiscales en detrimento de los jueces, había sido promovida por el ex ministro de Justicia macrista, German Garavano.

Lo cierto es que el proyecto que hoy tratará Diputados modifica la forma en que se elige al jefe de los fiscales al reemplazar los dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros” que, en los hechos, se alcanzaría con una mayoría simple sin necesidad que el oficialismo deba consensuar con otras fuerzas políticas dicha propuesta. También cambia el procedimiento para la remoción del Procurador al proponer rebajar las mayorías actuales previstas para tal fin y posibilitar el inicio del juicio político con la “mitad más uno de sus miembros”.

Desde el bloque del Frente de Todos, en cambio, argumentaron que hoy se buscará incorporar al dictamen “sugerencias” realizadas durante las comisiones informativas, como la que autoriza a una comisión bicameral a elegir al procurador interino, y que en caso de una eventual aprobación en Diputados, la normativa debería volver al Senado. Sin embargo, un ulterior tratamiento en el cuerpo presidido por Cristina Kirchner, donde hay una clara mayoría del oficialismo, resultaría un mero trámite.