Las usurpaciones no son la fórmula para resolver la falta de viviendas

Bien se conocen las múltiples derivaciones negativas que, para la calidad de vida de toda la sociedad -inclusive para quienes las protagonizan- se desprenden de las usurpaciones de tierras. Además de los derechos que se pisotean en forma impune -los de propiedad en primer término y, luego, todas aquellas obligaciones relacionadas a los tributos fiscales que se evaden y los asentamientos precarios que de inmediato se propagan, carentes de los servicios públicos elementales, entre muchas otras irregularidades- es también el conjunto social el que sufre a partir de ese fenómeno.

Esta situación se presenta en toda su crudeza en la llamada “megatoma” de Los Hornos, de 160 hectáreas de superficie, considerada la más grande de las que se desarrollan en territorio bonaerense y que lleva casi un año y medio de vida, en donde se instalaron miles de familias a las que se suman de continuo nuevos ocupantes, en la que se produjeron en las últimas jornadas enfrentamientos a balazos, gritos y corridas, por presuntas disputas en la “venta” de los lotes tomados.

Tal como se informó en las últimas ediciones, los vecinos señalaron que se escucharon tiroteos, entre otros desórdenes y delitos que se cometieron en el lugar en los últimos tiempos. Indicaron, asimismo, que un nutrido grupo de personas que usurpó tierras en ese predio cortó el tránsito en la zona de 155 y 66 por no contar con suministro eléctrico.

Cabría señalar que hace ya tiempo que se conocen advertencias sobre una verdadera escalada de tierras en nuestra zona, tal como, entre otras entidades, lo reflejó un informe realizado por la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires.

A la vez que rechazó con dureza esta modalidad ilegal, la Cámara reclamó a las autoridades que se tomen urgentes medidas para “desalentar tales prácticas” ya que, advirtieron, “su generalización de seguro aparejará nefastas consecuencias que, mediante el imperio de la ley y la Justicia, deben ser evitadas”, tal como se desprendió del comunicado publicado en este diario.

Debe reiterarse lo dicho tantas veces: el Estado, que brega para imponer el orden en todos los quehaceres, permite en este caso la anarquía, el arrebato, la evasión impositiva, el asentamiento habitacional privado de servicios públicos y, asimismo, las inevitables derivaciones caóticas que supone toda ocupación de tierras. Es el Estado el que le da luz verde a la anomia y, por cierto, las consecuencias son extremadamente negativas para el verdadero progreso y bienestar de la población.

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Ninguna ciudad debe permitir que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad. Bien se conoce que, tanto los propios intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones, sea por la profusión de conexiones clandestinas a las redes de luz, agua y cloacas, o por la inexistencia de las principales redes de servicio.

Se ha dicho también que uno es el problema complejo, nutrido de diversas urgencias, planteado para quienes no pueden acceder a una vivienda propia, pero que es el Estado el que debe ocuparse por otras vías de enfocar y resolver esa cuestión.

Otra cuestión y muy distinta es que se permita -como ocurre en muchos de los casos- el vale todo, el despojo, el accionar de bandas dedicadas a robar propiedades inmuebles. Está claro que las usurpaciones no son la fórmula para resolver el grave problema de la falta de viviendas.