El Estado debe recuperar el pleno dominio sobre los espacios públicos

Al margen de toda consideración sobre el caso en particular, la decisión de un contencioso administrativo platense de frenar mediante una medida cautelar la realización de una obra en el Parque Cívico de la ciudad de Berisso, para impedir así la instalación de un local gastronómico en ese lugar en atención a valores medioambientales y para frenar el “avance del cemento” -como señalaron los vecinos que habían realizado varias manifestaciones de protesta, según se reflejó ayer- reviste especial interés toda vez que se trata de definir sobre el destino que, ya esa o cualquiera otra ciudad del país, pueden y deben darle a un espacio público.

Existe en los últimos tiempos un marcado desconocimiento, que alcanza inclusive a muchas dependencias oficiales –sean municipales, provinciales o nacionales- acerca de lo que significa el concepto de espacio público, como lugar de irrevocable uso común en donde cualquiera tiene el derecho de circular y en donde, a la vez, la presencia de los habitantes no deba verse restringida, salvo muy contadas y breves excepciones, por ningún criterio de propiedad privada.

Por espacio público se entiende a las calles, plazas, paseos, rutas y distintas áreas de los edificios abiertos a la atención general, cuyas superficies sean de propiedad de todos, tales como bibliotecas u hospitales. Sin embargo, tales conceptos pueden ver relativizados -y de hecho está ocurriendo en La Plata y otras ciudades, cada vez con mayor habitualidad- cuando esos principios básicos no se hacen cumplir. Por consiguiente, es responsabilidad esencial de los gobiernos recuperar el pleno uso de los espacios públicos.

Cuando los vecinos reclaman por la presencia de vendedores ambulantes que le quitan lugar de desplazamiento a las veredas u ocupan canteros de las plazas; cuando los reclamos se centran en la actividad de trapitos y acuden a comportamientos violentos o extorsivos, lo primero que está haciendo la población es reivindicar el principio de que los espacios públicos como las calles, veredas y plazas son lugares para el uso común y no de algunos.

Se ha dicho muchas veces y vale repetirlo: aún sabiendo que no pocas personas acuden a esas tareas informales por no contar con un trabajo fijo, como una manera de obtener ingresos y superar así las penurias económicas, el poder municipal no puede permitir de ninguna manera esos cercenamientos a los espacios públicos, a partir de los cuales siempre sobrevendrán más problemas que soluciones, inclusive para quienes ocupan ilegalmente esos lugares. Los espacios públicos no deben ser tomados como difusas tablas de salvación, porque sólo resultan social y urbanísticamente valiosos cuando cumplen con su finalidad esencial.

También debiera ponderarse el fenómeno de la existencia de verdaderas organizaciones mafiosas, que pretenden administrar –y muchas veces se les permite- los espacios de estacionamiento. Se sabe que cuando el fútbol era presencial o cuando se realizaban recitales en lugares abiertos, estos grupos imponían el pago de onerosas tarifas bajo la obvia amenaza de dañar a los vehículos cuyos propietarios tuvieran la osadía de no darles el dinero que pedían.

La Plata debe recuperar el significado y la finalidad con que fueron concebidas sus magníficas áreas públicas, muchas de ellas retaceadas hoy por ocupaciones ilegítimas que le restan superficies al uso común. La Municipalidad debe proceder a evitar presencias que sólo hacen descender la calidad de vida de la población, recuperando el pleno dominio sobre los espacios públicos.