Una cosa está clara: el millonario “negocio” de la compra y venta ilegal del cobre apenas empieza con el sujeto que vandaliza los cableados para robar el preciado metal. La cadena del “mercado negro” tiene otros eslabones en los que por ahora, por los motivos que fuera, las autoridades parecen hacer “la vista gorda”. El metal rojo es un objeto codiciado por los reducidores, quienes adquieren este material que luego es fundido en oscuros talleres metalúrgicos. ¿A dónde van a parar los miles de kilómetros de cable robados? ¿La Policía y la Justicia no conocen esos lugares? ¿Qué controles se realizan en las chatarrerías para determinar la procedencia de los materiales que se comercializan en estos lugares? No hay que perder de vista que este flagelo destruye la infraestructura de servicios que durante la pandemia son esenciales, debido a que son tiempos por demás difíciles en los que la gente, más que nunca, necesita estar comunicada. En nuestra región los delincuentes que fueron presos en los últimos meses por estos ataques vandálicos son contados con las manos. Solo terminan tras las rejas los autores materiales y si los atrapan en el momento exacto en que cometen el robo. Pero esa es apenas la punta del iceberg.
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