Festejo de Olivos: nueva estrategia de defensa

Mientras el expediente judicial por el festejo en cuarentena del cumpleaños de Fabiola Yáñez ayer sumó las planillas de ingresos a Olivos, en el entorno de Alberto Fernández sostienen que hay jurisprudencia que demostraría que no existió “delito” porque “no hubo contagios” de Covid durante la celebración, que se trató de un “error” y que el jefe de Estado buscará una reparación de su falta ante la fiscalía, que podría incluir la donación de su sueldo al Instituto Malbrán. Esta estrategia defensiva levantó duras críticas de varios dirigentes de la oposición, que consideran que sí hubo una flagrante violación al artículo 205 del Código Penal, que incluía el DNU que regía la cuarentena durante el año pasado.

La causa se investiga en la fiscalía federal a cargo de Ramiro González a raíz de la denuncia presentada por Yamil Santoro y otros dirigentes “libertarios”. Ayer el precandidato a legislador porteño informó que realizó una ampliación de la presentación por el denominado “Olivos Gate” por la supuesta celebración de un “pijama party” en la quinta presencial durante el confinamiento de 2020, también protagonizado por la primera dama y algunas de sus amigas.

La otra novedad judicial en torno al caso fue que Casa Militar, el organismo a cargo de la seguridad del Presidente y su familia, presentó los ficheros de los ingresos a la Residencia oficial al filo del vencimiento del plazo requerido por la fiscalía. Se trata de los informes que ya habían tomado estado público a raíz de un pedido de acceso a la información pública realizado por Poder Ciudadano en junio pasado. Ahora la justicia intentará certificar las identidades de los asistentes al cumpleaños de Fabiola y si tenían los permisos de circulación requeridos por el gobierno en ese momento. Tanto la primera dama como los 9 invitados ya se pusieron a disposición del tribunal con sus respectivos abogados.

Alberto Fernández, en tanto, se reunió el sábado pasado con el mediático abogado Gregorio Dalbon, que tomó su defensa, para trazar una estrategia judicial. Justo ese fin de semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dio una pista de la misma: aseguró que el episodio que expuso al primer mandatario “no fue un delito” al argumentar que “si bien hubo una reunión, un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado”.

El DNU que estaba vigente en julio de 2020, cuando tuvo lugar la fiesta clandestina, preveía para los incumplidores del confinamiento las penas del artículo 205 que van de los 6 meses a 2 años” de prisión para que “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Ayer bien temprano versiones periodísticas daban cuenta que, en privado, el propio Presidente, consideraría que no cometió ningún delito al participar de la fiesta de cumpleaños de su pareja y, al trazar un análisis técnico, sostendría que la Justicia federal investiga un “delito de peligro abstracto” por no haberse producido ninguna infección con covid entre los participantes del festejo. Aunque cerca del jefe de estado intentaban minimizar esa postura, el abogado Dalbon la confirmó por la tarde en diálogo con este diario.

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Rápidamente, la oposición salió a cuestionar al jefe de estado por intentar desmentir “el delito” que mostraba la famosa foto del festejo en la quinta presencial. El diputado radical Mario Negri sostuvo que “ahora dice Fernández que la fiesta en Olivos ´no fue un delito porque no hubo contagios´. El profesor de Derecho Penal debería saber que el delito es Violar la Ley, no contagiar. ¿O está probado que las miles de personas procesadas son responsables de contagios? No hay coronitas”.

También se pronunció en forma crítica, el diputado Luis Petri (UCR), que incluso se trenzó en un duro cruce tuitero con el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que defendía la tesis de Casa Rosada sobre la supuesta inexistencia de la falta penal en el caso. “Es un delito de peligro abstracto, no importa el resultado, basta con incumplir la medida sanitaria para que se cometa el delito y eso hizo Ud. precisamente en la fiesta. Debería saberlo como Profesor de Derecho Penal y lo sabe. Pero nos toman por tontos”, sentencio el mendocino, también integrante del bloque de “Juntos”.

Lo cierto es que el recurso penal que utilizaría la defensa del Presidente fue el mismo por el que que fue absuelto el saliente diputado Facundo Moyano, que había sido denunciado por incumplir el DNU en 2020 por organizar una fiesta en su departamento de Puerto Madero.