El pase de la causa por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Residencia de Olivos, en plena cuarentena, de los Tribunales de Comodoro Py a la Justicia Federal de San Isidro generó recelo en el Gobierno, que mira con cierta desconfianza lo que pueda suceder.
El expediente que había sido iniciado por el juez Sebastián Casanello ahora pasó a San Isidro a partir que el magistrado se declaró incompetente y podría recaer en las manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Alberto Nisman. Incluso la jueza ya había hecho una consulta sobre la causa a raíz de que tiene otra denuncia por los mismos hechos.
Y el primero en hacer público esa preocupación fue el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, muy cercano a Cristina Kirchner, quien consideró que lo sucedido "no es lo más adecuado". "En términos de una causa con la dimensión política que se le ha pretendido dar, me parece que no es lo más adecuado si lo que se espera es un fallo imparcial o una investigación imparcial", indicó Mena.
Para el funcionario, que la causa que tiene como principal imputado al presidente Alberto Fernández quede bajo la órbita de Arroyo Salgado "claramente no garantiza ningún tipo de objetividad e imparcialidad, eso lo ha demostrado su conducta en los últimos años", en alusión a los comentarios que la magistrada hiciera sobre la muerte de su ex esposo.
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