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El año 2021 tuvo una recuperación económica luego de la tremenda caída de la actividad ocurrida en 2020 por la pandemia. En 2020 el Producto Bruto Interno (PIB) cayó 10% respecto a 2019. Los datos correspondientes a los 3 primeros trimestres de 2021 mostraron una recuperación que estuvo un punto porcentual por debajo de aquella caída respecto a 2019, con lo cual se puede considerar que 2021 ha sido el año de la recuperación, aun cuando termine algo por debajo de 2019.

Lo que llama la atención es que, según los datos preliminares de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, la presión tributaria en 2021 creció aproximadamente 1,5% del PIB respecto a 2019. Es decir, aun cuando en 2021 la economía en el mejor de los casos tenga el mismo nivel de 2019, la sociedad pagó de impuestos 1,5% más del PIB, o unos $650.000 millones más, en 2021.

Impuestos que aumentaron

El punto es mirar cuáles son los impuestos que aumentaron por encima del PIB. Aquí surge que fueron los derechos de exportación (0,37%), IVA Aduanas (0,38%) y Ganancias Aduanas (0,30%) los cuales sumaron aproximadamente 1% más del PIB. Luego el Impuesto a los Ingresos Brutos sumó otros 0,5% más del PIB y el Impuesto PAIS, 0,26%. Esto significa que la mayor presión impositiva vino por el lado de los buenos precios internacionales del campo, de los ahorros declarados por los argentinos y de las restricciones a la compra de dólares que obligan a pagar un impuesto para comprar dólares al precio oficial.

En otras palabras, no es que la economía está creciendo y la sociedad, producto de ello, está pagando más impuestos para financiar al fisco. De hecho, los impuestos a las actividades domésticas, como el IVA-DGI, Ganancias-DGI y el Impuesto al Cheque no crecieron en términos del PIB. Es más, las cargas a la seguridad social perdieron 0,22% del PIB respecto a 2019 producto de que el empleo asalariado privado registrado sigue en 250.000 trabajadores menos, que fue la pérdida de la pandemia. Se puede decir que lo que se ganó con el Impuesto PAIS equivale a lo que se perdió de cargas sociales.

El déficit primario del sector público nacional fue del 3% del PIB en 2021 y el resultado financiero, que es la suma del déficit primario más los intereses de deuda, conocido también como “necesidad de financiamiento”, estuvo en el 4,5% del PIB. Números por encima de 2019, cuando el déficit primario estaba por en el orden del 0,5% del PIB y el resultado financiero por debajo del 4%.

Gasto público

Lo anterior señala que la reducción del desequilibrio fiscal no puede venir por la vía de aumentar la recaudación impositiva, sin tocar el gasto público.

Con la economía estancada, las actividades domésticas no pueden dar mayor presión impositiva y el aumento de la presión puede venir de factores externos, pero éstos no son sostenibles o son por única vez como lo demuestra el aumento de la presión en 2021.

Por esto, la idea de crecer primero para así aumentar los recursos públicos y, con ello, disminuir el déficit fiscal es implausible. No hay forma de equilibrar las finanzas públicas sin revisar el gasto público.

La revisión del gasto público nacional tiene componentes de corto, mediano y largo plazo.

En el corto plazo es central y urgente revisar los subsidios económicos a la energía, el transporte y las empresas públicas que entre 2019 y 2021 más que se duplicaron. Pasaron de 1,3% a 3,5% del PIB o sea aumentaron en 2 puntos porcentuales del PIB, por encima de lo que aumentó la presión impositiva en el mismo período.

Sector público

Para el mediano plazo hay que ordenar funcionalmente el sector público en sus tres niveles de gobierno nacional, provincial y municipal. El ordenamiento consiste en cerrar los actuales ministerios nacionales que se involucran en funciones provinciales y municipales para transformarlos en agencias de evaluación de calidad de los servicios sociales que producen las provincias y los municipios con estructuras mucho más chicas y profesionalizadas. Se trata de los ministerio nacionales de Salud, Educación, Desarrollo Social, Ambiente, Vivienda, entre otros. Estas son estructuras administrativas que operan de manera superpuesta con las mismas estructuras de las provincias y municipios. Es un claro derroche de recursos públicos a nivel nacional superpuesto con los recursos que ya asignan a esas funciones sociales las provincias y los municipios.

Para el largo plazo hay que abordar el ordenamiento previsional donde se destacan cerrar todos los regímenes especiales de jubilación (que jubilan gente con menor edad, menores aportes y/o mayores beneficios), eliminar la pensión por cónyuge que se superpone con la jubilación propia causando doble cobertura y perfeccionar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para que reemplace definitivamente a las moratorias. Si bien este es un cambio de largo plazo, a las medidas hay que tomarlas hoy para que los resultados fiscales empiecen a verse recién en los próximos años.