Mayra Mendoza modifica la Justicia local

La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza con el apoyo del sector de la oposición, amplió juzgados y nombró a tres nuevas juezas de faltas, una de ellas está imputada en el caso que investiga el desvío de fondos en el caso de las cooperativas

Los juzgados de faltas de Quilmes son tres. Se dedican a juzgar infracciones y faltas municipales, y las actas de tránsito son su insumo de trabajo mayoritario. Por una ordenanza que se votó el 23 de septiembre pasado en el Concejo Deliberante, se crearon tres nuevos juzgados y se dividieron las funciones de los jueces, que no podrán definir sobre todas las temáticas, como hasta ahora.

La medida generó el reclamo de los jueces de faltas ya que denuncian que con esta reforma se limita su poder y le ordenaron a Mayra Mendoza que vetará la resolución.

Al frente de esos tres nuevos juzgados quedarán María Eugenia Moyano, Alejandra Cordeiro y Anabella Galván. El caso más polémico es el de Galván, que fue imputada por el fiscal federal Ramiro González en la causa por defraudación con cooperativas en la que también está imputada la propia intendenta.

Los jueces de faltas de Quilmes se oponen a la reforma judicial local y le exigen a Mendoza que no promulgue la ordenanza. Para vetarla, la intendenta cuenta con un plazo que vence el martes.

Los magistrados de faltas plantean que se rigen por una norma provincial (el decreto-ley 8751, Código de Faltas Municipales) y que una ordenanza municipal no puede anularla. Afirman que cualquier cambio debe definirlo la Legislatura bonaerense.  

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Mendoza también recibió una carta documento de Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica y titular de esa fuerza en Quilmes. En la misiva, del 27 de septiembre, le pide a la intendenta “que se abstenga de promulgar” el texto legal que se aprobó en el Concejo porque se trata de un “quebranto normativo” al Código de Faltas, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Un párrafo de la carta de Frade expone la pelea que la ordenanza abrió en la propia oposición de Quilmes. “En la misma sesión, aprobaron un blanqueo de construcciones clandestinas, cuyos beneficiarios tendrían relación directa y/o por interpósitas personas con funcionarios y/o ediles; habilitaciones y adhesión a una ley nacional (VTV). Todo bajo el mayor sigilo y ocultamiento de expedientes. En esta metodología quedan comprendidos legisladores supuestamente opositores a su gobierno”, remarca la diputada.