Pedidos de explicaciones a Tolosa Paz

En medio de la polémica por las irregularidades que la AFIP detectó en el programa Potenciar Trabajo y que ya están en manos de la Justicia, diputados nacionales de Juntos por el Cambio exigieron ayer la presencia en el Congreso de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de quien depende el mencionado plan.

Por un lado, la diputada Graciela Ocaña solicitó que Tolosa Paz dé explicaciones en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, en tanto que su colega de bancada, Soledad Carrizo, reclamó su interpelación en el recinto. Mientras que el diputado Waldo Wolff dio un paso más allá al presentar una denuncia penal para que se investiguen los hechos revelados en el informe de la AFIP: que, entre otras inconsistencias, más de 250 mil beneficiarios declararon bienes personales o compraron dólares o “recibieron” el subsidio pese a estar fallecidos, todas incompatibilidades con el programa destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

“Resulta incomprensible que haya un número tan elevado de personas que hayan accedido a este plan social de manera irregular, en momentos críticos para la sociedad argentina, en donde hay que cuidar celosamente los recursos del Estado”, advirtió Ocaña en su citación a la ministra.

Para Carrizo, el informe de la AFIP constituiría “un verdadero desfalco al erario público que debe ser subsanado inmediatamente. Se debe investigar cuáles son los mecanismos por los cuales se permiten estas estafas a la ciudadanía, así como judicializar a quienes se benefician en la intermediación de estas asignaciones fraudulentas”, reclamó.

Wolff justificó su denuncia en que “hay un sinfín de irregularidades, pero algunas son grises. La compra de dólares es un gris, por ejemplo. También (hay beneficiarios que) declaran Bienes Personales y un mínimo no imponible de seis millones de pesos. Es un asco, pero no sería delito”, disparó para después enfatizar: “Lo más ilegal de toda la cuestión es usar el nombre de un muerto, incluso, hasta puede haber encubrimiento de partes de funcionarios públicos” y que buscará ser querellante en la causa: “Deben devolver el dinero, porque es defraudación y estafa”, concluyó el diputado de Juntos por el Cambio.

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