La cantante colombiana Shakira arremetió contra la Hacienda española por estar “utilizándola” con fines ejemplarizantes, hasta el punto de “vulnerar” su derecho a la intimidad mientras la investigaba por presunto fraude fiscal, y mantiene que desde 2011 pagó más de 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo.

Así consta en el escrito de defensa que los abogados de la cantante han presentado ante un juzgado de la localidad española de Esplugues de Llobregat, que la ha enviado a juicio por seis delitos contra la Hacienda pública acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

En el escrito, los abogados de Isabel Mebarak, Shakira, defendida ahora por el bufete Molins de Barcelona, reprochan a Hacienda haber montado una “campaña mediática” con el único objetivo de “forzar” a la cantante para que “a pesar de su inocencia, se declare culpable y llegue a una conformidad con las acusaciones”.

Para la defensa, la Agencia Tributaria española ha actuado con “afán recaudatorio” y con “fines ejemplarizantes para el resto de contribuyentes españoles”, recurriendo a “medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada” con el fin de demostrar que residió en España más de 183 días al año y estaba obligada a tributar.

La intérprete no pasaba en España la mayor parte del año, según sus abogados, pues fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se afincó en Barcelona.

La artista, añade el escrito, “ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional”, sin una sola sanción, además de que “ejerce una extensa labor filantrópica” a través de la Fundación Pies Descalzos y América Latina en Acción Solidaria.

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Y desde 2011, precisa, “ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros (...), de los cuales 90 millones han sido abonados a la Hacienda Pública española”.

La Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros, después de que la cantante rechazara un acuerdo para evitar ser juzgada, argumentando que confía en su inocencia tras haber pagado unos 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria y otros 3 de intereses.