Los desafíos del Gobierno ante la prueba de fuego para los Precios Justos

La consolidación del nuevo programa bautizado como Precios Justos para intentar reducir la inflación en los alimentos comenzará a acelerarse a partir de la próxima semana. Más precisamente, desde el 1º de diciembre, cuando todas las cadenas de supermercados deberán contar con la señaléctica identificatoria del esquema ideado por el Ministerio de Economía para congelar los precios de casi 2.000 productos de un centenar de empresas hasta marzo de 2023.

Se trata de alimentos, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal que no podrán tener variaciones en sus valores por los próximos cuatro meses, mientras que el resto de los más de 30.000 artículos que se pueden encontrar en las góndolas de los supermercados que quedan por fuera de Precios Justos tendrán un tope de aumento mensual del 4 por ciento, según lo anunciado oficialmente.

En algunas cadenas, la señalización del programa ya es un hecho, mientras que en otras se espera que se masifiquen durante los próximos días, según detallan desde la Secretaría de Comercio, organismo que dirige Matías Tombolini y que tiene a cargo el control del programa oficial.

Promesa

Como herramienta de seducción para que las empresas adhieran casi sin quejarse a permitir un estricto congelamiento de los precios de los productos mientras los costos caminan con la misma inercia que la inflación, desde el Palacio de Hacienda se prometió el acceso a divisas para importar.

El esquema habría sido ya resuelto ante los insistentes reclamos de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que preside Daniel Funes de Rioja, también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La semana pasada, la entidad pidió la oficialización de la norma que le permitirá a las empresas que firmaron el acuerdo acceder de manera inmediata al Mercado Único Libre de Cambios y así poder resolver los cuellos de botella que se generan mediante las trabas impuestas a las importaciones de insumos y productos.

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Por ahora, no ha sido oficializada, a pesar de algunas versiones que hablan de la existencia de una normativa ya escrita para permitir el ingreso de este grupo de compañías al “canal verde” importador.

Piden previsibilidad

En este sentido, desde varias multinacionales y alimenticias locales se está exigiendo “previsibilidad” a las autoridades del ministerio que lidera Sergio Massa para confiar en que el Gobierno cumplirá “con la palabra asumida” y no tendrán que soportar un cambio de rumbo en las decisiones, como acostumbra a hacer el oficialismo.

La Copal pidió además “garantías ciertas” para el acceso a los dólares al tipo de cambio oficial necesarios para adelantar y pagar en forma inmediata los productos y servicios que ingresen del exterior.

La búsqueda de estabilidad

Del mismo modo, la cámara empresarial pide un esquema de estabilidad en los costos empresarios, sus materias primas, las tasas de interés, “la devaluación del tipo de cambio oficial, la inflación o los acuerdos paritarios”.

También le reclaman al Gobierno que intervenga para que los supermercados cumplan con el plazo de pago de siete días para la compra de la mercadería.

Salvo este último pedido, el resto son aspectos macroeconómicos que dependen de las políticas oficiales que adopte Massa y su equipo durante la última etapa de este 2022 para apuntalar el objetivo de reducir la inflación hacia fin de año y dejar una menor base para 2023.

Si bien hasta ahora existe conformidad con los incipientes resultados de cumplimiento que viene dejando Precios Justos tanto por las entregas de los productores como de la actitud de los supermercados, el verdadero examen para el programa comenzará en enero próximo.

Desde ese mes se sabrá si el Gobierno cumple o no con el acceso inmediato a las divisas necesarias para el pago de las importaciones, ya que si no lo hace se advierten problemas para el futuro.

Brecha de precios

Otro aspecto que le pondrá presión al programa en enero será la brecha de precios que para ese mes se observe entre los artículos que componen esta canasta oficial y los que quedaron por fuera del congelamiento compulsivo y que pueden retocar sus valores en un 4 por ciento mensual.

Si se computan los incrementos de noviembre y diciembre, esos artículos llegarán al verano con un aumento acumulado del 8 por ciento contra ninguno de los que se agrupan en Precios Justos.

Y llegarán al final del esquema con un diferencial de 16 por ciento que se sumará a las diferencias que ya viene arrastrando el sector alimenticio, producto de la espiral inflacionaria en sus costos en comparación con precios que son estrictamente controlados por el Gobierno.

En las empresas entienden que esta brecha puede generar problemas de abastecimiento en enero y febrero si los productores prefieren negociar mayores entregas a los almacenes de barrio; mercados de proximidad y súper de origen asiático que no fueron incluidos en el esquema oficial y a los que se les puede vender sin cepo.

Con los Precios Cuidados, para finales de julio se dio un fuerte derrumbe de abastecimiento que llegó al 50 por ciento, por lo que uno de cada dos productos del listado no se encontraba en las góndolas.

En ese momento, las razones fueron esgrimidas por las cadenas de supermercados que advertían que los fabricantes privilegiaban a los comercios de proximidad, almacenes, autoservicios y supermercados chinos, porque podían enviar listas con precios 40% mayores, en promedio, que las habilitadas para Precios Cuidados, que llegaban al 3 por ciento mensual.

En ese contexto, hasta hubo compañías que no accedieron a incluir algunos productos en el programa oficial y otras que reclamaron límites de volúmenes a entregar para, de esa forma, reducir los márgenes entre los precios regulados por el Gobierno y las subas de los costos.

El problema se dio porque los consumidores se volcaron masivamente hacia los grandes supermercados para aprovechar la diferencia de precios y hacer frente a los actuales niveles de inflación, lo cual provocó un exceso de demanda de esos artículos que generó los faltantes.

El mismo escenario predicen ahora las empresas para el futuro de Precios Justos, con una demanda cada vez mayor por esta canasta, con lo cual advierten que será “clave” el nivel de abastecimiento que tendrá.