Uno de los tres ex policías de la entonces Brigada de Investigaciones de La Plata que habían sido condenados a prisión perpetua por torturar hasta morir e incinerar el cadáver del albañil Andrés Núñez, en 1990, fue beneficiado con la libertad condicional por la Cámara de Apelaciones platense.

En el fallo, se aludió a “la ejemplar del condenado mientras estuvo en prisión, el buen concepto, que completó los estudios secundarios en la cárcel y que realizó nueve cursos entre los años 2013 y 2018”.

La esposa del albañil asesinado, Mirna Gómez, adelantó que, a través de su abogado, apelará la semana próxima la resolución de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que benefició al expolicía Alfredo González, quien cumplía su condena en la Unidad Penal 9 de La Plata y desde el 2015 gozaba de salidas transitorias.

“Tengo mucha bronca, no puedo entender por qué lo liberaron. Pero vamos a apelar”, expresó la viuda de Andrés Núñez.

El 28 de septiembre de 1990, efectivos policiales se llevaron a Núñez a la Brigada de Investigaciones de La Plata con la excusa de estar investigando el robo de una bicicleta.

En la dependencia policial, le colocaron una bolsa en la cabeza mientras le pegaban en el estómago hasta ocasionarle la muerte.

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El cuerpo fue llevado a un campo en la localidad de General Belgrano, predio que cuidaba un primo de Pablo Gerez, el policía que comandó el operativo del secuestro y tortura, quien hace 30 años está prófugo.

El cadáver fue incinerado dentro de un tanque australiano en desuso y recién fue encontrado e identificado en 1995, luego que el policía José Daniel Ramos colaborara en la causa para beneficiarse en su situación judicial. Por eso, indicó el lugar donde estaba el cadáver.

En el 2010 fueron condenados a prisión perpetua Víctor Dos Santos y Alfredo González, y tras estar prófugo 22 años, en el 2012 capturaron a Luis Raúl Ponce en la ciudad neuquina de Junín de los Andes y en el 2017 fue sentenciado también a reclusión perpetua.

Se aguarda además el inicio del juicio oral para otros tres expolicías, todos personal subalterno, que estaban en la dependencia ese día, pero no en la sala donde se registraron las torturas.

Manuel Bouchoux, abogado de Mirna Gómez, explicó que aún desconoce “por qué no se valoró que el delito por el que fue condenado (González), la tortura seguida de muerte, es una grave violación a los derechos humanos”.