El Gobierno denunció a jueces por un viaje al Sur

El Gobierno nacional denunció, tal como lo había anticipado el presidente Alberto Fernández, al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, a cuatro jueces federales y a un CEO del grupo Clarín, por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” y, entre otras pruebas, solicitó que se ordene la entrega de celulares de todos los implicados, por la estadía en una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre pasado.

Según se informó oficialmente, la denuncia fue presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche.

imputados

De manera paralela, la fiscal federal interina de esa ciudad María Cándida Etchepare, imputó a todos los involucrados en una causa penal por ese viaje y estadía, en base a una denuncia que presentó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco el 24 de octubre pasado, según el dictamen.

Etchepare dispuso medidas previas y advirtió que “llama la atención” que las facturas que se le presentaron por el viaje fueron pagadas “al contado” el “mismo día del vuelo”, el 13 de octubre pasado.

En cuanto a la estadía en la estancia de Lewis, declaró como testigo su administrador y entregó facturas de pago del alojamiento que, para la fiscalía, “evidencian una clara discordancia” entre la fecha de emisión, 28 de octubre y la del alojamiento, entre el 13 y 15 de ese mes.

“Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial en relación a la denuncia del Gobierno nacional.

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En la denuncia se pidieron medidas de prueba, entre ellas “la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”.

Hace algunos meses, una investigación periodística reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, un contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiarían “estrategias para contener la denuncia”.