Es importante resolver la problemática de los remises ilegales

El problema del transporte ilegal de pasajeros no es nuevo en la Ciudad, se remonta a muchos años y se presenta en forma recurrente, sin que las sucesivas administraciones municipales hayan podido erradicar esa actividad informal.

Ahora acaba de informarse en este diario que fueron detectados y sacados de circulación 70 remises ilegales en distintos barrios de la Ciudad y dos agencias que trabajaban sin contar con la documentación en regla.

Lo cierto es que las varias ordenanzas sancionadas hasta la fecha, así como los múltiples y fugaces operativos realizados en las últimas décadas resultaron insuficientes y que, como se ha dicho, el transporte ilegal encuentra hasta ahora resquicios para seguir funcionando.

Tal como se detalló en la edición de ayer, los controles fueron realizados en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, de los parques Castelli, San Martín y Alberti y en la Avenida Antártida, entre otras zonas, por agentes de la subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano a través de la Dirección de Administración y Licencias de Conducir.

Los inspectores verificaron la documentación de los vehículos: licencia de conducir profesional, VTV, seguro, certificado de desinfección y la habilitación correspondiente para trasladar pasajeros, según informó la municipalidad de La Plata.

Como resultado de ello, en total se secuestraron 35 remises, 10 taxis ilegales y 25 vehículos que trabajaban a través de aplicaciones no habilitadas por el Municipio y que fueron trasladados al polo de seguridad comunal hasta que sus propietarios regularicen la situación.

A su vez, también se clausuraron dos agencias que funcionaban sin habilitación en Gonnet y City Bell.

Está claro que en el caso de las remiserías -también de los taxistas y de empresarios del transporte escolar, víctimas de este mismo problema- que cumplen con todas las exigencias legales para funcionar, no pueden competir con quienes desempeñan esas actividades sin cumplir con los requisitos de habilitación exigibles a todo vehículo que quiera brindar un servicio en condiciones de legalidad. Estos últimos, además, lo hacen sin afrontar los costos que asumen quienes actúan legalmente.

Asimismo, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo -ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad- las autoridades deben extremar los controles que se realizan.

Se trata no sólo de proteger los derechos de los pasajeros a contar, eventualmente, con una cobertura de seguros y a utilizar automóviles en los que estén probadas, objetivamente, la idoneidad profesional del chofer y las condiciones que debe tener el vehículo, sino de impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal.

Desde luego que también debieran sopesarse detalladamente las eventuales derivaciones jurídicas, en casos de accidentes.

Por consiguiente, le incumbe al poder municipal velar por la vigencia de todos los requisitos que se establecen para dar seguridad y garantías a un servicio que, como el del transporte de pasajeros, reviste naturaleza pública.