La pobreza estructural avanza con la crisis y la inflación

Columnista de EFE

Marcos Lucero recorre cabizbajo los pocos metros que separan su casa del comedor Bienestar, ubicado en la villa Zavaleta de Buenos Aires. Un accidente laboral le obligó a pedir la jubilación anticipada, una prestación que, en la Argentina de la crisis económica y la inflación galopante, no le llega para cubrir los gastos más elementales. “Cuando laburaba me alcanzaba, pero hoy no me alcanza ni para darme un gusto para mi familia. Si vos tenés que hacer un gasto extra, no te alcanza para el mes”, explica. “Si tengo que comprar un medicamento, no como. La vida está muy cara acá”.

La situación de Lucero es común entre los más de diez millones de argentinos que son incapaces de poder salir de la pobreza estructural, en medio de una recuperación económica que todavía no ha llegado a los estratos más bajos de la población.

Según los últimos datos oficiales, la pobreza afecta al 37,3 por ciento de los argentinos, una cifra que salta hasta el 43,8 por ciento de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (ODSA-UCA).

Un pensamiento recorre las mentes de la mayoría de vecinos del barrio Zavaleta: las cosas están mal. Muy mal. Para ellos, el repunte de la economía argentina, que creció un 10,3 por ciento en 2021 tras desplomarse un 9,9 por ciento el año anterior, no se ha traducido en una mejora plausible de sus condiciones de vida.

De hecho, cada vez más personas acuden al comedor Bienestar, creado hace tres años por la organización Barrios de Pie - Libres del Sur. Sus comensales son niños y adolescentes, padres desempleados y jubilados que, como Lucero, no pueden permitirse un plato de comida caliente. “Ahora vienen bastantes más chicos y gente mayor, así que a veces ya no alcanza... Vamos a tener que recortar (raciones), porque son muchos”, afirma una de las colaboradoras del comedor, Angie Salazar, al relatar la situación de un lugar que proporciona ayuda a unas cien familias.

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La pobreza estructural, un fenómeno que comenzó a observarse en Argentina en los años 90 y que no ha parado de crecer desde entonces, tiene en la mala alimentación una de sus dimensiones más dramáticas. Según el ODSA-UCA, un 26 por ciento de los argentinos padece inseguridad alimentaria severa, aunque entre las capas más bajas la proporción es del 57 por ciento.

Para Juan Ignacio Bonfiglio, sociólogo e investigador del Observatorio, este tipo de datos certifican la existencia de una pobreza que va mucho más allá de los ingresos y que está anclada en limitaciones permanentes, como la falta de acceso a servicios públicos, la mala calidad de las viviendas o la escasez de medicamentos.

“Hay un sector cristalizado en términos de pobreza que cada vez va asumiendo condiciones más difíciles de revertir en términos de relegación”, asevera a Efe Bonfiglio, recordando un dato ilustrativo al respecto: durante los últimos diez años, un tercio de los argentinos vivió siempre bajo la línea de la pobreza.

Las privaciones estructurales coinciden con el mayor problema macroeconómico que atraviesa, hoy por hoy, el país: la inflación, acelerada por el impacto global de la invasión rusa a Ucrania, registró en mayo pasado un incremento interanual del 60,7 por ciento, el número más alto en treinta años.

Uno de los segmentos que encabeza esta subida es, precisamente, el de los alimentos, que en los primeros cinco meses del año acumularon un alza del 33,7 por ciento, golpeando especialmente a la población con menos ingresos.

“La gente tiene menos plata para gastar, no quieren comprar. A veces te dicen ‘no, tengo que guardar para la comida’, está muy baja la venta”, señala a Efe Blanca Jiménez, vecina de la villa Zavaleta, que trabaja como vendedora de ropa de segunda mano los fines de semana.

Esta espiral inflacionaria, según Bonfiglio, podría repercutir negativamente en los niveles de pobreza por ingresos, sobre todo entre los trabajadores de la economía informal.

¿HAY SALIDA?

La ampliación de la “brecha” entre los estratos más bajos y el resto de la población se da en un contexto de fuerte asistencia por parte del Estado: el año pasado, los programas de ayudas sociales alcanzaron al 44,7 por ciento de los argentinos, según estimaciones del ODSA-UCA.

La retirada de estos programas supondría, de acuerdo al Observatorio, un incremento notable de la indigencia o pobreza extrema, que pasaría del 9 al 19 por ciento de la población. En ese sentido, si bien este tipo de ayudas tienen un “efecto positivo en términos paliativos”, también “tienen sus límites”, en opinión de Bonfiglio, puesto que por sí mismas “no van a resolver el problema de la pobreza”.

“Habría que generar otro tipo de crecimiento económico, con inversión en capital humano, en capital social, en desarrollo urbano... Esto implica políticas de Estado y consensos mucho más amplios de los que existen en este momento”, apunta el experto.

Mientras tanto, los habitantes de la villa Zavaleta ven con pesimismo el futuro de un país que, ahora mismo, no atiende a sus dos necesidades más urgentes: salarios dignos y alimentos de calidad.