Ecuador sigue en tensión y queman dos comisarías
Edición Impresa | 30 de Junio de 2022 | 02:27
QUITO
El gobierno del presidente Guillermo Lasso decretó ayer estado de excepción en cuatro provincias donde han recrudecido las protestas en medio del paro nacional impulsado por los indígenas y caracterizado por violentas manifestaciones las últimas dos semanas.
La medida estará vigente por 30 días en las provincias de Imbabura, al norte del país; Azuay, al sur, Sucumbíos y Orellana, en la Amazonia. El gobierno dijo que el objetivo es recuperar el orden público, controlar la situación de violencia, asegurar la provisión de medicamentos, oxígeno para hospitales, combustibles y alimentos en esas regiones.
Además, establece como zona de seguridad el área de influencia donde se encuentran los pozos, las instalaciones e infraestructura petrolífera del país, en la Amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca del 30 por ciento de los ingresos.
El estado de excepción reduce una parte de los derechos ciudadanos, como el de movilización y reunión, entre otros. La decisión gubernamental busca afrontar las consecuencias de un paro nacional que hoy cumple 18 días y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en Ecuador, en demanda de la reducción del precio de la nafta de 2,45 a 2,10 dólares el galón (3,78 litros), mayor presupuesto para salud y educación y la fijación de precios de productos agropecuarios.
En ese contexto, manifestantes incendiaron y destruyeron completamente dos estaciones de policía en el norte de Quito, mientras el diálogo entre los indígenas y el gobierno, que había empezado el lunes, sigue en punto muerto luego del ataque de presuntos indígenas a un convoy militar que dejó un muerto y 12 uniformados heridos.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, declaró al canal Ecuavisa que “para cualquier diálogo tienen que deponer sus medidas de hecho”, e insistió en que se han dado respuestas concretas a las demandas del movimiento a través de cuatro decretos que “entre un beneficio y otro suman 800 millones de dólares”. El saldo de las protestas ha dejado a la fecha 228 policías heridos, 32 policías secuestrados que ya han sido liberados, diez unidades policiales destruidas y 72 vehículos afectados.
Para presionar una respuesta del gobierno, el Movimiento Indígena y Campesino de la región de Cotopaxi anunció que prepara para hoy jueves una movilización “masiva y contundente hacia la capital”.
En tanto, el gremio que reúne a las poblaciones nativas de la Amazonia indicó a sus bases que “se mantienen todas las medidas en las seis provincias de la región Amazónica”. En esa zona se encuentra la mayor parte de los pozos e infraestructura petrolífera de Ecuador, que provee al Estado alrededor del 30% de los ingresos a la caja fiscal.
También el denominado Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos, educación, entre otros, anunciaron una gran movilización para esta tarde en respaldo al movimiento indígena y en demanda de que el gobierno disminuya los costos de los combustibles. (AP)
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