Chile: Detuvieron a un líder radical mapuche y escala al máximo la tensión del conflicto

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo hoy al líder mapuche Héctor Llaitul, quien pertenece a un grupo radical que se atribuyó varios ataques en el sur del país, por su presunta vinculación con varios delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Los delitos que se le atribuyen al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) están enmarcados en la Ley de Seguridad del Estado chileno y fueron incluidos en denuncias en su contra presentadas por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2020.

Llaitul fue detenido en la localidad de Cañete (550 kilómetros al sur de Santiago), Región del Biobío, tras la orden emitida por el Tribunal de Garantía de Temuco, capital de la Región de La Araucanía, ciudad a la que será trasladado para enfrentar a la Justicia.

A las denuncias de 2020 se le sumó una nueva querella presentada el pasado 27 de julio por parte del Gobierno de Gabriel Boric.

Llaitul reconoció en varias entrevistas la autoría por parte de miembros de la CAM de atentados incendiarios en el marco de las reivindicaciones históricas de tierras que realizan en el sur de Chile.

Además, el líder mapuche admitió recientemente la sustracción de madera de las industrias con el fin de hacerle frente a lo que considera “las mafias de la madera” y que a su juicio no es robo, sino “recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral”.

El robo de madera, especialmente a camioneros, y los ataques a maquinarias forestales son de los principales hechos violentos que se han registrado en la macrozona sur durante los últimos meses.

El conflicto en la zona sur del país se mantiene desde hace décadas y tiene origen en una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras que son consideradas ancestrales por los pueblos originarios.

A pesar de que, durante su candidatura Boric aseguró que no recurriría a la militarización para solucionar el conflicto, el 17 de mayo optó por aplicar el estado de excepción constitucional y desde entonces ha solicitado continuamente el permiso del Congreso para poder extenderlo en la Región de La Araucanía y el Biobío.

La semana pasada la medida, que implica la militarización de la zona, fue prorrogada por sexta vez en el Congreso y seguirá vigente hasta el 15 de septiembre.