Los fiscales que intervienen en el juicio oral y público en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos bajo la presidencia de Cristina Kirchner, continuarán mañana con sus alegatos mientras que las defensas de los trece imputados se preparan para responder a partir de septiembre.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizarán la cuarta de nueve audiencias que solicitaron para el desarrollo de un alegato que culminará, según ellos mismos anunciaron, con el pedido de condenas para todos los imputados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y defraudación, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción", sostuvo Luciani en la primera audiencia, en la que se refirió a una "asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos".
El mayor contrapunto entre fiscalía y defensas estará dado por lo que pasó a lo largo de todo el debate: para los abogados de los imputados, el juicio oral y la mayor parte de los testimonios sirvieron para demostrar que el denunciado direccionamiento no existió mientras que acusan a la fiscalía de repetir, sin más aportes que la puesta en escena, la acusación elaborada durante la etapa de instrucción.
Habrá tensión alrededor de un punto: la fiscalía utilizó para su alegato mensajes de texto extraídos del celular del condenado exsecretario de Obras Públicas José López en el marco de la causa de los bolsos, en los que aparecerían mencionados la expresidenta y hasta su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.
La fiscalía, en cualquier caso, promovió ya desde las primeras audiencias del alegato la hipótesis sobre una presunta maniobra ilegal integrada por Néstor Kirchner y Lázaro Báez para direccionar las obras públicas de Vialidad en Santa Cruz mediante la creación de "falsos escenarios de competencia" en las 51 licitaciones analizadas.
Para ello, los fiscales aseguraron que empresas como Petersen o ESUCO habrían tenido participación en las supuestas competencias fingidas, algo que será retractado por las defensas: Carlos Wagner, presidente de Esuco, fue convocado a este juicio como testigo y no como imputado; lo mismo pasó con Enrique Eskenazi, de Petersen. Luciani adelantó que pedirá que se los investigue.
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