Causa Vialidad: comienzan los alegatos del fiscal contra Cristina

El fiscal Diego Luciani iniciará hoy la lectura de los alegatos contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa denominada “Vialidad”, por la que se la acusa de corrupción con la obra pública durante sus presidencias.

Se trata de la lectura de la prueba recolectada por el fiscal durante el juicio iniciado en el tribunal oral federal Nº2 de Comodoro Py, que pone en la mira 51 licitaciones de obra pública por unos 46.000 millones de pesos, en manos de -sostiene la acusación- una presunta organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de casi el 80 por ciento de las obras adjudicadas en la pa provincia de Santa Cruz, en favor de las empresas de Lázaro Báez.

En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó en 2018 a la ahora Vicepresidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y al empresario Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos”, plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado de Báez.

Sólo los expedientes administrativos de las licitaciones bajo investigación se desarrollan en más de 1.224 cuerpos. A eso debe sumarse el extenso informe que realizaron los fiscales durante la instrucción de más de 800 páginas. Además de los testimonios, sostienen fuentes judiciales, la prueba documental acumulada abarca 3.000 kilos de peso en informes, licitaciones, análisis de expedientes viales, recorridos administrativos y pericias, entre otros.

El proceso se había iniciado en mayo de 2019, cuando Cristina se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados. Ahora el juicio transita sus instancias finales y hoy el fiscal Luciani iniciará la lectura de sus alegatos, las que, sostienen fuentes judiciales, “se fueron fortaleciendo a lo largo de las audiencias”.

Según trascendió, la Vicepresidenta debe permanecer conectada vía videoconferencia durante toda la audiencia.

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LA IMPUTACIÓN

El Ministerio Público Fiscal sostuvo durante la investigación que Cristina Kirchner estuvo a la cabeza de una “estructura criminal” a modo de asociación ilícita. Y que la obra pública víal fue el medio propicio para obtener dinero del Tesoro Nacional”. Y señala que la familia Kirchner “convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”.

Respecto del activo de la empresa de Báez que ganó 51 licitaciones en 11 años, la Justicia determinó que fue de un 42.678 por ciento.

Para llegar a esos números se analizó el crecimiento sostenido en los bienes de Báez desde el año 2002 al 2014. En 2002 declaró bienes por 1.123.181 pesos. Ya para el 2014, su declaración incluyó bienes por un valor de 137.373.319 pesos, “de ello se deduce que el período señalado los bienes de Báez aumentaron en orden al 12.131 por ciento”. La justicia después le atribuyó una fortuna de 205 millones de dólares.

Estas conclusiones surgen de la instrucción, que, según fuentes judiciales, se complementó y reafirmó con los testimonios escuchados durante las audiencias y el aporte de material de prueba.

Otro de los conceptos a los que arribó el Ministerio Público indica que cada uno de los imputados cumplió un rol que permitió “un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos para hacerse ilícitamente de los fondos públicos”.

El argumento se basa en lo que consideran fueron diversas irregularidades que se desprenden de los informes de las licitaciones y que expusieron “la configuración de un esquema de beneficios exclusivos diseñado en favor de Báez”: desde connivencia y tráfico de información con Báez, falta deliberada de controles, pagos anticipados con resoluciones hechas a medida, designación de personas que habían trabajado en Austral Construcciones en puestos claves en Vialidad Provincial (comitente de las obras)”. Todo expuso, para los acusadores, “la complicidad de funcionarios”.

A las irregularidades administrativas, se sumó el caso reiterado de “simulación de la competencia de precios, para asegurarle la adjudicación al Grupo Báez”: competían en algunos casos, sólo empresas del holding, el triunfo estaba garantizado. Como parte de la misma maniobra, se expuso durante el juicio otro factor: los incrementos derivados de las redeterminaciones de precios y sus sucesivas modificaciones presupuestarias.

En base a las pruebas que acumula el voluminoso expediente y que fueron expuestas a lo largo del juicio oral, el fiscal deberá fundamentar su pedido para condenar o absolver a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de exfuncionarios nacionales y provinciales que participaron de la adjudicación de contratos de obra pública. En los tribunales de Comodoro Py nadie duda que Luciani pedirá una pena para ella. “Va a ir a fondo” especuló un juez con rango de camarista que conoce al fiscal.

Se trata de la prueba recolectada por el fiscal, enfocada en 51 licitaciones de obra pública

El monto que estaría estimado en la causa es por 46.000 millones de pesos