La primera implementación del tributo de plusvalía urbanística en nuestra ciudad desata por estas horas una fuerte polémica en el Concejo Deliberante de La Plata, que promete escalar hasta el debate mismo del sistema de crecimiento urbano y socioeconómico de la Ciudad.

Se trata de la aplicación de la ley provincial de Hábitat, a la que nuestra comuna adhirió en 2020 y que establece la obligación al desarrollador urbanístico del pago al Municipio de al menos 10 por ciento de la ganancia de un loteo rezonificado. El concepto se conoce como “tributo de plusvalía urbanística” y fue creado a partir de la observación de la ganancia económica que tienen los desarrolladores inmobiliarios, cuando un terreno macizo cambia su indicador de rural a urbano, revalorizando exponencialmente el metro cuadrado.

En esta primera ocasión de implementación de la ley, el Municipio debe percibir 63 millones de pesos por parte de la empresa Agrycon S.A., encargada de desarrollar el pujante predio ubicado en 467 y 148, conocido como “La cañada”, cuya infraestructura se encuentra en proceso.

Pero la polémica ronda respecto de la modalidad en la que Agrycron prevé tributar a la Comuna, la que tendría el acuerdo del gobierno de Julio Garro pero la férrea oposición del bloque de concejales del Frente de Todos.

La propuesta de la firma y del Departamento Ejecutivo es la celebración de un convenio por el que la desarrolladora tributará la plusvalía urbanística con la ejecución de una obra en la intersección de 467 y 160, consistente en una rotonda que agilice el tránsito.

Así lo establece la letra del proyecto que ya subió al Concejo Deliberante y se encuentra en debate en la comisión de Planeamiento. La semana pasada, incluso, la secretaria de esa área del Ejecutivo, María Botta, acudió a explicar detalles de la iniciativa.

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Pero no conformó a la oposición. Si bien el expediente continúa en análisis, la concejal peronista Paula Lambertini expuso sus objeciones y desató la polémica. El contrapunto no tiene que ver con el monto de la contraprestación, establecido a partir de un cálculo por la ganancia de los loteos, sino con hacer una obra vial en la misma zona donde se está realizando el barrio.

“El argumento del expediente es que esa rotonda favorece el tránsito del sector productivo, pero es falaz”, disparó la concejal opositora. Y recordó que el espíritu de la ley 14.449 es “equilibrar el desarrollo de las ciudades a partir de las ganancias que logran algunos grupos inmobiliarios a partir del Estado, utilizando el monto de la plusvalía para la realización de obras en barrios más desfavorecidos”.

Y remarcó: “Eso no se está haciendo, sino lo contrario. Un Estado que aplique la plusvalía de esta manera es un Estado poco inteligente y poco sensible con las necesidades de la gente”, rechazó mientras anticipó que su bloque presentará alternativas y promete dar pelea”.