Los intendentes de Pinamar y Mar del Plata se enfrentan a los "trapitos"

Los jefes comunales Martín Yeza y Guillermo Montenegro, difundieron en sus redes sociales medidas de control y mayor monitoreo para esta temporada. Ambos coincidieron en abordar una problemática, como la extorsión en las calles de forma similar.

Para los casos de Pinamar y Mar del Plata se registraron un aumento de los denominados “trapitos” o cuidacoches. Ante la situación, los intendentes costeros del PRO, desplegaron una serie de acciones para declararle la “guerra” a los trapitos, a quienes no dudaron en calificar como “extorsionadores”.

 “No se dejen extorsionar, en Pinamar los vamos a defender”, remarcó Martín Yeza.

En la misma sintonía, el intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro, inauguró “una línea de WhatsApp para denunciar situaciones que, no solo son ilegales, sino que además incomodan a los vecinos” dijo. Entre las problemáticas, se refirió a las “extorsiones por parte de cuidacoches o limpiavidrios, personas alcoholizadas en la calle” y pidió que los hechos de este tipo sean “notificarlas al 223-3406177 para que podamos intervenir”.

“No vamos a permitir que los marplatenses se sientan intimidados en su ciudad. Por eso seguimos proponiendo acciones concretas y trabajando en conjunto con la Policía para que las calles de Mar del Plata sean un lugar tranquilo y seguro para todos” afirmó Guillermo Montenegro.

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Ante dicha iniciativa impulsada por el mandatario del ejecutivo pinamarense, el abogado de Morón y ex fiscal, Javier Ignacio Baños denunció al jefe comunal por la “posible comisión de delito de acción pública".

La denuncia se sostiene en el punto que argumenta que Yeza “se estaría rogando facultades judiciales que no posee”, tales como la capacidad de detener personas. "Es obvio que la única persona autorizada a detener a un ciudadano de acuerdo con las previsiones del Código de Procedimiento Penal de esta provincia es el Juez de Garantías y sólo puede hacerlo a pedido del Agente Fiscal interviniente”, expresó el abogado. 

También cuestionó el hecho de referirse a las personas “de una manera harto despectiva y discriminatoria que exigiría los pedidos de explicación e investigaciones pertinentes en los ámbitos naturales que exceden el marco de la jurisdicción”.