Legislatura bonaerense: la caja de la política que vuelve a estar en la mira

El escándalo conocido como caso “Chocolate”, por el que se investigan maniobras para el desvío de fondos provenientes de la Legislatura provincial, vuelve a poner en foco la abultada “caja negra” de la política, de la que históricamente disponen los legisladores bonaerenses de todos los bloques políticos y de ambas Cámaras.

La causa por la que se investiga qué hay detrás del empleado legislativo Julio Rigau, quien fue encontrado en un cajero automático con 48 tarjetas de débito y $1.270.000 en efectivo, desata preguntas respecto a cómo se distribuyen los recursos de la Legislatura y con qué objeto.

En principio, vale decir que ese poder de la provincia de Buenos Aires dispone anualmente de 62.202 millones de pesos. ($62.202.000.000).

Según publica ayer el diario La Nación, la dieta bruta de un diputado provincial sin antigüedad es de $1.350.000, en tanto que el neto oscila los $840.000. Para establecer una comparación, el salario de un médico que recién se inicia en el hospital de Niños Sor María Ludovica es de $210.000.

En el Senado, el salario bruto promedio de un trabajador es de $652.000, aunque los 308 empleados de planta permanente y personal político de los bloques más importantes llegan a cobrar un salario bruto promedio de $2 millones. Para establecer otra comparación, se trata de 10 salarios docentes bonaerenses.

PERSONAL Y MÓDULOS

Según se consigna oficialmente, en la Cámara de Diputados figuran 92 legisladores, 8 funcionarios, 985 empleados de planta permanente con estabilidad y otros 131 sin estabilidad, más otros 294 empleados en planta transitoria. El total es de 1.510 trabajadores; aunque la cifra es incompleta porque faltan sumar los monotributistas que emiten facturas y a los que se les paga con los $8.500 millones asignados al rubro “servicios no personales”.

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Otra forma de analizar el destino del presupuesto de la Legislatura provincial es a través de los módulos que se le asignan a cada legislador y a los bloques para la contratación de personal. Cada módulo equivale a 1.476 pesos y cada diputado tiene asignado 3.000 módulos mensuales para contratar personal. Ese total equivale a $4.428 millones mensuales.

Pero, además, cada bloque político recibe 1.500 módulos por mes por cada legislador que lo integra y puede disponer de su sumatoria de forma discrecional, contratando más asesores o distribuyendo esos módulos entre los legisladores. De ser esto último, cada diputado cuenta con $6,6 millones por mes para la contratación de personal.

Si se multiplica ese monto por las 92 bancas que integran la Cámara baja, se puede decir que los diputados de la provincia de Buenos Aires cuentan con una partida de $611 millones de pesos mensuales para la contratación de personal de forma discrecional. Para establecer otra comparación, ese monto equivale al valor de 11 ambulancias de alta complejidad para el traslado de pacientes críticos.

En el Senado, el valor de cada módulo es más caro: $2.200 pesos. Según publica el diario La Nación, la Cámara alta provincial acordó repartir este año entre los 46 legisladores 630.000 módulos, un equivalente a $1.386 millones. Con la misma comparación que la anterior, con esa partida se comprarían 25 ambulancias de alta complejidad.

De ese total, cada senador provincial dispone para la contratación de personal de 13.695 módulos, lo que equivale a unos $30 millones cada uno.

Pero, además de los módulos, la Legislatura cuenta con repartos de subsidios, becas y viáticos, además de otros beneficios como autos y choferes, para los legisladores que cumplan con ciertos requisitos.

Como se sospecha en el caso “Chocolate”, lo que se investiga es el uso de los “prestanombres”. Un sistema por el que se contrata a una persona que acepta ceder todo o parte de su salario a cambio de la obra social y los aportes jubilatorios, que son más elevados que la media, y que al cumplir cuatro años de antigüedad reportarán un beneficio sustancial al llegar a la edad de retiro.

Así fue el caso conocido como “Azul marino”, que provocó el pedido de desafuero de cuatro senadores del radicalismo y empleados legislativos, entre otros acusados de desviar fondos públicos destinados a seguros de desempleo y subsidios, tras la crisis de 2001.

Según se desprende de la investigación que tiene como protagonista a Julio “Chocolate” Rigau, de los titulares de las 48 tarjetas que tenía en su poder al ser aprehendido, ninguno era trabajador altamente cualificado. Sin embargo tenían sueldos de entre 570.000 y 580.000 pesos de bolsillo.

La excepción es la de Ezequiel Tocci, un floricultor de Abasto con estudios de derecho y contabilidad, que declaró que no sabía que lo habían nombrado como asesor de la Cámara de Diputados ni que Rigau retiraba dinero de su cuenta bancaria.

Según las leyes provinciales 15.392 y 15.393, tal como ya informó este diario, la Cámara de Diputados dispone de un presupuesto anual de 36.550 millones de pesos; en tanto que el Senado cuenta con 25.652 millones.

En el caso de la Cámara baja, los $36.500 millones se distribuyen de la siguiente manera: $25.200 millones en personal; $600 millones en bienes de consumo; $8.500 millones en servicios no personales; y $1.800 millones en transferencias. Esto para un cuerpo que se integra con 92 bancas.

En tanto, el Senado, que cuenta con la mitad de los legisladores -46-, destina en salarios $18.290 millones, de los $25.652 millones de su presupuesto anual.

La Legislatura provincial dispone anualmente de 62.202 millones de pesos