Revés para Cristina por la causa de los hoteles

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal denegó el recurso extraordinario solicitado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la realización del juicio oral en la causa Hotesur, aunque la titular del Senado aún puede interponer un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

La resolución, firmada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo, declaró inadmisible el recurso interpuesto por los abogados de la expresidenta Carlos Beraldi y Ary Llernovoy dado que en el caso, señalaron los magistrados, no se debate “una cuestión federal”.

Los camaristas rechazaron también el pedido de habilitar la jurisdicción de la Corte Suprema dado que, según plantearon, no se ha demostrado que el caso configure “un supuesto de gravedad institucional”.

“Que la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”, manifestaron Barroetaveña, Petrone y Carbajo.

Tras lo dispuesto por los camaristas, el procedimiento para la organización del juicio oral y público podría seguir su curso, para el cual la Cámara de Casación ya designó a los jueces que integrarán el tribunal oral correspondiente, que se completó ayer con José Michilini y que además conforman Adriana Palliotti (como titular del TOF) y Fernando Canero transitoriamente, en condición de subrogante.

Mientras, la vicepresidenta sufrió también un revés judicial en la causa por la denominada Ruta del Dinero K: la Cámara Federal rechazó la recusación contra los jueces que deben resolver si revocan su sobreseimiento, dictado por el juez Sebastián Casanello a instancias del fiscal Guillermo Marijuán.

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El camarista federal Eduardo Farah rechazó la recusación presentada por “temor de parcialidad” por la vicepresidenta contra los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes aceptaron como querellante a una ONG vinculada con el PRO que nunca había sido parte de expediente.