Este “efecto expulsión” o crowding out, aquella situación por la que la capacidad de inversión de las empresas se reduce debido a la deuda pública, grafica la permanente tensión entre el Estado y el mercado. Una pintura exacta de lo que sucede en la Argentina y un efecto que parece que no sólo no se va a atenuar sino que tenderá a empeorar.
Un asesor ad honorem del ministro Massa, el titular de la consultora Quantum y ex secretario de finanzas nacional, Daniel Marx, anotaba en uno de sus informes para los funcionarios del Palacio de Hacienda que debido a los cambios regulatorios que introdujo el Banco Central, a partir de diciembre de 2021, para incentivar la compra de títulos públicos por parte de los bancos, la participación del Estado en las tenencias de los mismos, sea por instrumentos financieros emitidos por el Tesoro o por el Banco Central y por los pases pasivos de la entidad que conduce Miguel Pesce, aumentó de 41% en diciembre de 2021 a 44% en agosto de 2022 y a 50% a fines de septiembre.
Números que conocen los auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que monitorean las cuentas del país periódicamente, según Iprofesional.
Un reporte de la firma Facimex Valores indica que la exposición de los bancos a la deuda pública escaló hasta alcanzar la mayor proporción de esas colocaciones del dinero captado de terceros desde los tumultuosos años del fin de la convertibilidad, 2001 y 2002.
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