Excarcelaron a un martillero de La Plata acusado de cobrarle un canon a prostitutas

La Justicia Penal de La Plata morigeró las condiciones de detención del martillero Fernando Mercerat, quien está acusado del delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, a través de la locación de distintas propiedades que tenía en la inmobiliaria de su propiedad.

La decisión fue adoptada por la jueza Silvia Hoerr, titular del Tribunal Criminal II, quien recibió de parte de la defensa, a cargo de Darío Saldaño, una serie de estudios médicos, que certificaron los problemas de salud que padece el imputado, tales como una hernia inguinal, una hernia de disco e infecciones generalizadas, entre ellas una urinaria.

A partir de esa situación, como Mercerat ya pactó con la fiscalía un juicio abreviado, donde aceptó la responsabilidad de los hechos investigados y, una pena de 5 años y 6 meses de cárcel, de convalidarse ese acuerdo, que sigue bajo análisis, por el tiempo que lleva privado de la libertad, estaría en condiciones de acceder a una condicional.

Precisamente, la resolución judicial, a la que este diario tuvo acceso, indicó que el martillero “cuenta con lazos afectivos sólidos con la Sra. (...) que se manifestó con disposición para recibirlo en la morada que compartían en la localidad de Brandsen, como así también el informe de la perito médico (...) y, la pericia psicológica que se le practicó, de la que se desprende que el nivel de discernimiento del encartado es alto y que distingue acabadamente lo correcto de lo incorrecto”.

Asimismo, el decisorio hizo mención a que hay un dictamen fiscal favorable al planteo, con el supuesto encuadre en el artículo 163 del C.P.P., que “permite presumir que el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio puede razonablemente evitarse mediante aplicación de una medida menos gravosa”, por lo que “resolvió morigerar la medida de coerción que viene cumplimentando bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico”.

Como se recordará, en este caso hay otro sospechoso, Marcelo Bardella, que trabajaba para Mercerat y que ya gozaba del otorgamiento de una detención morigerada. Sus abogados son Christian Parodi y Fernando Palazzo.

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QUÉ SE DIJO EN EL ABREVIADO

Como este diario ha informado en otras ediciones, en el juicio abreviado se indicó que las mujeres de las que se valieron ambos, algunas de ellas travestis, mostraban dificultades para insertarse en el mundo laboral o tenían necesidades económicas. Y que esa dura realidad les permitió quebrantar su voluntad para generar réditos económicos a través de la venta de sexo.

Incluso muchas de las damnificadas fueron locatarias de inmuebles y debían pagar sumas abultadas, por encima de los valores comunes del mercado inmobiliario local, bajo amenaza de lanzamiento o desalojo.

Bardella, cabe destacar, se defiende diciendo que no tenía más injerencia que la de cualquier empleado que cumple órdenes de su patrón y que a él lo mandaban a cobrar los alquileres.

El caso salió a la luz el 26 de junio de 2020, tras una redada judicial y policial en la Ciudad, en el marco de una investigación que desbarató una red de prostíbulos que funcionaban en La Plata. Ese día hubo más de 40 allanamientos.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, mientras que el juez de garantías fue Pablo Raele.

Precisamente, en la instrucción, la titular de la UFI N° 15 de La Plata, consideró que “desde, al menos, el 7 de octubre de 2019 a la fecha”, Mercerat, como dueño de la inmobiliaria que lleva su apellido y funciona en 22 entre 43 y 44 junto a un grupo indeterminado de personas, explotaba económicamente el ejercicio de la prostitución de un número indeterminado de mujeres mayores de edad y personas travestidas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de éstas, ya sea por su identidad de género y la dificultad de insertarse en el campo laboral formal, ya por necesidades económicas y de manutención a sus hijos menores de edad”.

Según Corfield, el martillero les exigía “la entrega de una suma de dinero, semanal o diariamente a todas luces desproporcionada en relación a las locaciones habituales del mercado, sin documentación respaldatoria alguna ni de los contratos ni de los pagos recibidos, ejerciendo en todos los casos medios extorsivos de pago como de desocupación”.