El padre de Pérez Roldán acorralado por la Justicia

En la últimas horas se complicó la situación judicial de Raúl Pérez Roldán. El juez federal de Azul, Gabriel di Giulio ordenó que se le prohiba la salida del país, que se le aplique una tobillera electrónica y que se le impida ausentarse por más de 72 horas de su domicilio.

También le renovó la prohibición acercamiento de cualquier forma a las víctimas (su hijo Guillermo Pérez Roldán) y la extenista Graciela Pérez) y dictó la inhibición de sus bienes para él y para su esposa. Lo único que, por el momento, no aceptó el juzgado fue ordenar su prisión preventiva, solicitada por la querella, aunque esa decisión podía reevaluarse si no se cumple con las medidas fijadas.

Esto surge que se dictó en los últimos días en el marco de la causa que se investiga a Raúl Pérez Roldán por explotación, lesiones, abuso, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero. La denuncia en su contra la promovió como quedó dicho su hijo y Pérez, que estuvo bajo su custodia en los entrenamientos.

Todo se enmarca en la causa que se abrió en 2022. Guillermo Pérez Roldan, quien llegó a ser puesto 13 en el ranking ATP en 1988, había denunciado los abusos que sufrió por parte de su padre y entrenador hace unos años, ante el periodista Sebastián Torok. Luego, su historia quedó plasmada en un documental, “Pérez Roldán confidencial”. Junto a ese documental, llegó la denuncia penal, que -tras idas y vueltas- quedó radicada ante la justicia federal de Azul. Allí se estableció no solo que los delitos no prescribieron, sino que deben investigarse las figuras de lavado de activos y trata de personas, además de lesiones graves, administración infiel, privación de la libertad y abusos.

En ese contexto hace unas semanas, el juez Gabriel di Giulio dispuso escuchar nuevamente, bajo el sistema de “Cámara Gesell” a las víctimas: Guillermo Pérez Roldan y Graciela Pérez, una alumna de la escuela y deportista que llegó a ser auxiliar en la academia que funcionaba en la ciudad de Tandil. En la nueva declaración ante los profesionales, el extenista afirmó que “tiene miedo” sobre todo en lo que respecta a su hijas: las mayores viven en Italia; mientras que el más pequeño está radicado con él y su actual esposa en Chile.

“Sé de lo que es capaz mi padre. Por lo tanto quisiera tener algo de seguridad”, le pidió al tribunal, según reportaron sus entrevistadores. En tanto, Graciela Pérez también pidió seguridad. El extenista cuenta con un botón antipánico. Vive a pocas cuadras de la casa de su victimario. “Estoy con miedo desde que decidí hablar. No sé de qué puede llegar a ser capaz”, afirmó.

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“Sé de lo que es capaz mi padre. Quiero seguridad para mis hijos”, dijo Guillermo

En ese contexto, la querella a cargo del abogado Juan Ignacio Pascual insistió en los “factores de riesgo procesal la gravedad de los delitos investigados, la pena en expectativa que resultaría de cumplimiento efectivo, el miedo y el temor que expresan las víctimas” y pidió sopesar “el tipo de personalidad del imputado, su tendencia a la violencia, a la manipulación y a la captación de voluntad”. También subrayó que el riesgo de fuga por “los contactos que tiene el imputado en otros países y las sumas económicas” que maneja.

Además, se pidió la prohibición de salida sin autorización previa del ámbito territorial, la retención de los documentos de viaje, el arresto domiciliario con vigilancia y subsidiariamente la prisión preventiva.

Por su parte, el fiscal federal Santiago Eyherabide avaló los riesgos de fuga y entorpecimiento, pero indicó que “por el momento no existió ningún hecho que permita inferir riesgo de elusión” y destacó “el arraigo del imputado”. Según refirió, el imputado no tiene antecedentes y que los delitos contra las personas estarían lejos en el tiempo y no se han acreditado acciones de hostigamiento como para fundamentar medidas cautelares privativas de libertad.

Por tal motivo, se promovió la prohibición de salida del país por 180 días y la retención de los documentos de viaje, teniendo en cuenta que su hijo vive en Chile. Y consideró que sería prematura por el momento dictar su detención, aunque solicitó que se disponga la utilización de una pulsera electrónica al imputado para poder realizar un seguimiento de su ubicación y revelar si se encuentra cerca de los lugares de exclusión. También requirió que se imponga al imputado la promesa de que no va a entorpecer, ni se va acercar a los testigos, ni a las víctimas, ni a sus familiares directos, en el transcurso de la investigación.

Por su parte, la defensa entendió que cualquier medida era prematura en esta etapa de la investigación, y subrayó que ya se habían tomado medidas restrictivas que habían sido idóneas. A su criterio, más limitaciones no resultarían “ni razonables, ni proporcionales, ni necesarias”. Fue así que su subrayó que “la persona de la que se está hablando en este momento no es la de 40 o 50 años atrás”.