Maduro bajo la lupa: por delitos de lesa humanidad

El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro puso en marcha un plan sistemático para encarcelar y torturar opositores, además rebatió los argumentos de la dictadura venezolana que pretende que dicha Corte desestime las investigaciones por delitos de lesa humanidad. “Las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales, palizas, ahogamientos y descargas eléctricas “, afirmó.

Desde el gobierno venezolano insisten en que la Corte no tiene competencia para juzgar y dicen que su país se ha encargado de investigar y enjuiciar los presuntos crímenes o lo está haciendo actualmente. A su vez acusaron a la fiscalía de la CPI de tener “vínculos” con organizaciones no gubernamentales. En un escrito , la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por el régimen de Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.“La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, afirma la CPI en el informe.

Khan ratifica que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento.

La investigación de la fiscalía

En su investigación, la fiscalía de CPI afirma que ”desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”.

La investigación también concluyó que “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque sistemático contra la población civil de conformidad con una política de Estado y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

“La fiscalía llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”, agregó en su informe.

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“Una bofetada en la cara a la comunidad internacional”

En el escrito, el fiscal Khan dice que se encontró “base razonable” para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. Y detalló: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”. Además, denuncia que el régimen de Maduro “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.

Advierte, también, que estas conclusiones se hicieron sin perjuicio de otros crímenes que puedan determinarse en una etapa posterior.

“Por las razones expuestas, la fiscalía reitera respetuosamente su solicitud de que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela”, concluye la Fiscalía en su presentación ante la CPI. A partir de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá sobre la continuación del proceso.

La Corte de La Haya no solo tiene en la mira al líder venezolano, sino que también investiga un plan sistemático ordenado por Maduro pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave de su gobierno.

Denuncias de ONG

Las principales ONG de Venezuela hicieron público un informe donde señalan numerosas violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales y militares en 2022. Según el informe del Proyecto Lupa por la Vida, difundido esta semana, aseguran que las fuerzas policiales mataron a 824 personas el año pasado.