Prescripcion y juicio de la verdad

El fiscal que intervino en la denuncia contra Jey Mammon es Patricio Lugones, que subrogaba entonces a la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 28, e interviene en el expediente que tiene como protagonista a Marcelo Corazza. Esta última causa arrancó en octubre del 2022, cuando un hombre de 35 años se presentó en la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata de personas, para denunciar que fue abusado sexualmente por más de una persona cuando tenía entre 11 y 13 años, por una red de pedofilia que seguiría operando hasta el día de hoy. Por eso la prescripción, al menos por ahora, no está en debate.

En el caso de Jey Mammon, Lugones sí consideró que los cargos habían prescripto, teniendo en cuenta ciertas fechas: la de la denuncia (18 de diciembre de 2020) y la de nacimiento de Benvenuto (16 de septiembre de 1992). Cuando se presentó a la justicia, el joven tenía 28 años y no pudo precisar cuándo ocurrieron los abusos, excepto que sucedieron en algún momento del 2006.

De este modo, considerando el abuso sexual con acceso carnal, que tiene una pena máxima de 15 años, la ley toma para la prescripción un plazo máximo de 12 años, por lo cual, para el fiscal, prescribió en 2018. Considerando el artículo 120 del Código Penal: agresión sexual sin consentimiento con contacto corporal directo que afecta las partes sexuales del cuerpo de un menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, prescribió en 2012, porque la pena máxima es de 6 años.

Si se toma en cuenta la figura de abuso sexual reiterado, Lucas denunció tres y la pena en expectativa para este delito es igual que la del primer supuesto. O sea, está prescripto. La víctima declaró que luego de esos hechos, las relaciones con Rago se volvieron consentidas. Como en 2010 Benvenuto cumplió los 18 años y el artículo 125 impone pena de tres a 10 años de cárcel a quien “promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima”, la causa prescribió en septiembre de 2020, dos meses antes de que Benvenuto se presentara ante la Justicia.

Frente a este panorama, cualquier denunciante puede recurrir hasta la Corte Suprema, pero como no hay garantías de que el máximo tribunal acceda a tratarlo, en los últimos años se impuso la posibilidad de realizar juicios para tratar de determinar qué pasó, sin consecuencias penales. Son los llamados “juicios de la verdad”.

El abogado Fernando Burlando, que representó a Mammon en el expediente, defiende la posibilidad de solicitar ese juicio que reclamó su cliente en los descargos mediáticos, aunque no exista antecedente de tal cosa.

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Lucas, en cambio, fue contundente en su rechazo: “En ese juicio no hay condena, no voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”, señaló.