Se conoce el fallo de un juicio por amenazas, que tuvo réplicas en el recinto

El caso fue muy gráfico, porque se habría podido constatar de manera explícita las conductas antijurídicas que llevaron a un hombre a estar sentado en el banquillo de los acusados durante un juicio oral en los tribunales de La Plata. Y hoy se conocerá precisamente la sentencia, que anticiparía un resultado condenatorio.

Como publicó este diario en una edición anterior, la semana pasada un imputado por amenazas, que había llegado a debate en libertad, terminó preso por actitudes intimidantes hacia un testigo, la fiscal y la jueza. Algo pocas veces visto.

El proceso está a cargo de la jueza Belén Piccone, una de las destinatarias de esas frases poco amigables y que pueden poner al acusado varios años tras las rejas.

El hombre, con antecedentes penales, arrancó el proceso con un alto nivel de virulencia verbal, sobre todo hacia las víctimas, que eran vecinos suyos. Por eso la fiscal Helena de la Cruz, representante del Ministerio Público, solicitó una medida de restricción perimetral y un rondín de custodia, que la magistrado autorizó.

A la segunda jornada, siempre en base a los informantes, “no paró de lanzar frases intimidantes hacia la fiscal y la jueza, del tipo “no me voy a olvidar de sus caritas”. Fue en esas circunstancias que, al requerir la presencia de otro testigo, el acusado gritó: “Listo, ahora salgo y lo pongo”.

Ante esa conducta en flagrancia, De la Cruz le requirió la detención, que convalidó la doctora Piccone. La causa, por “amenazas y desobediencia”, quedó en trámite ante el fiscal Álvaro Garganta, que ya requirió su elevación a la instancia de debate.

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Para Garganta, “tengo en cuenta la mendacidad del encartado quien encontrándose en pleno juicio de debate por hechos similares a los aquí investigados y, sin importar la investidura de la señora Juez y de la señora Agente Fiscal, comete los hechos que motivan la presente”.

Se supo que, por la imputación en el juicio donde se dictó su detención, la fiscal De la Cruz requirió cinco años de prisión para el acusado por los cargos de “amenazas calificadas y daño”.