Acceso a Justicia: la pobreza, el mayor obstáculo

Para las personas en situación de indigencia -que constituyen más del 8% de la sociedad argentina actual- las posibilidades de acceder al sistema de justicia para resolver un conflicto son un 19% menores que las del sector “no pobre” de la población. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que describe la brecha judicial en nuestro país.

Concretamente, mientras que las personas “no pobres” logran recurrir a algún mecanismo de resolución de sus problemas legales en un 61,3% de los casos, las indigentes -cuya alimentación básica no está garantizada- lo consiguen sólo el 42,9% de las veces. Más alarmante aún es que la inmensa mayoría de las personas en condición de indigencia (el 94,4 %), como también quienes sufren alguna discapacidad (96%) no llega a reconocer siquiera la dimensión legal de un problema que objetivamente las involucra, según se desprende de la investigación.

Estas realidades son algunas de las que puso en evidencia el documento “Justicia y Desarrollo Sostenible”, que analiza diferentes aristas de un fenómeno social: el acceso a la justicia civil entendida en sentido amplio, es decir, cuántas personas y quiénes -de qué sectores económicos- pudieron recurrir a distintos tipos de mecanismos de resolución de conflictos frente a sus problemas legales, ya sea en sedes institucionales o en sitios informales de la sociedad.

“Si tenemos presente que el desarrollo sostenible es la articulación virtuosa entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, la dimensión de acceso a justicia es el hilo que los enhebra”

Nora Luzi
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

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El trabajo, realizado durante el segundo semestre del año pasado y presentado días atrás- se basó en 5.740 casos representativos de los principales aglomerados urbanos del país. Entre las controversias registradas en él, el 24% estuvo representado por “rupturas familiares”, bajo las cuales se engloban disputas asociadas a divorcios, herencias, responsabilidad parental o cuotas alimentarias; un 11% fueron “cuestiones laborales” como despidos injustos, trabajo en negro o faltas de pago; un 4% fueron disputas por “deudas de dinero” y un 3% “cuestiones ambientales en su zona de residencia.

“Este reporte señala los condicionantes socioeconómicos y las diferencias sociodemográficas que inhiben el acceso al sistema de justicia por parte de las personas en mayor situación de vulnerabilidad”

Agustín Salvia
Observatorio de la Deuda Social Argentina

El reporte estuvo a cargo del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, bajo la dirección de Nora Luzi, coordinadora de Gobernabilidad Democrática, y de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

OTROS RESULTADOS

Como pudieron corroborar los autores del estudio, a mayor estrato socio-ocupacional, se obtiene un mayor acceso a justicia. “Mientras que ocho de cada diez entrevistados del estrato socio-ocupacional medio profesional lograron acceder a mecanismos de solución disputas, sólo seis de cada diez accedieron entre los entrevistados de las clases más bajas: media tradicional, trabajadora integrada y trabajadora pobre”, señala el reporte.

Los investigadores determinaron también que si bien “el sexo de las personas no presentó incidencias relevantes”, en el acceso a justicia, no así la edad: la franja etaria 30 a 49 fue la que tuvo porcentajes más altos de acceso, siendo a su vez los jóvenes quienes presentaron los más bajos.

Por otra parte, mientras que el nivel educativo, no parece impactar de manera relevante., si lo hacen las variables discapacidad y lugar de nacimiento: las personas con discapacidad y los migrantes tuvieron menor acceso a justicia, que sus pares sin discapacidad y no migrantes

“Los condicionantes sociales referidos al nivel educativo sin secundario completo (92%), migrante (84%), y los déficits psicosociales (oscilaron entre un 82 y 89%) muestran los guarismos mas altos en relación con el nivel de exclusión para el goce de los beneficios que brinda la ley en relación con el acceso a la justicia”, señala la investigación.