El gobierno nacional anunció el congelamiento del precio de la cuota mensual de las prepagas. Sin embargo, las empresas del sector comenzaron a enviar notificaciones a sus afiliados que la cuota de septiembre -a pagarse en octubre- tendrán subas del 7 por ciento.
Las prepagas aducen que el anuncio de congelamiento del ministro de Economía, Sergio Massa, no se acompañó con el decreto pertinente.
Y por eso, las principales empresas de medicina privada comenzaron a avisar a sus afiliados que la cuota correspondiente al mes de octubre subirá 6,97 por ciento, y abrieron la polémica con el Gobienro.
Los referentes de las compañías explican, según NA, que lo de Massa fue un anuncio pero como no hay decreto sobre el tema envían los avisos a sus afiliados como les indica la normativa vigente.
Para septiembre, las prepagas ya enviaron facturas con un alza del 7,18 por ciento. Así, entre septiembre y octubre, los ajustes redondearían el 14 por ciento, si no hay una disposición clara por parte del gobierno.
El domingo último, Massa incluyó entre los anuncios que hizo después de la devaluación pos PASO la suspensión por 90 días del aumento de la medicina prepaga para las familias con ingresos que no superen los $2 millones mensuales.
Desde 2022, el aumento de las cuotas de las prepagas se establece según la variación del índice de costos de salud, que es elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
En febrero último, el Gobierno estableció, además, un esquema de reajustes mensuales mediante el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento.
Las empresas del sector todavía no salieron públicamente a fijar posición porque están esperando la oficialización de la medida. Sin embargo, los referentes insisten en que la decisión “no tiene lógica” porque el resto de los costos siguen subiendo.
Entre las alternativas que analizan está la de judicializar la medida o cobrar copagos (una situación que ya se viene dando en muchos puntos del país), y también congelar los aranceles de los prestadores, lo que es rechazado de plano por clínicas y sanatorios. Esa última opción fue rechazada por las cámaras del sector prestador.
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