Tarjetas de la Legislatura: avanzan con la apelación contra el fallo

El fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, ya se presentó en la causa iniciada a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero político sospechado de múltiples estafas mediante supuestos cobros ilegales en la Legislatura bonaerense, para hacer la reserva de recurrir en queja a Casación contra el fallo que nulificó lo actuado y dispuso la excarcelación del acusado, libre de culpa y cargo.

Según indicaron voceros judiciales a este diario, a última hora del viernes pasado el máximo funcionario del Ministerio Público platense ingresó un escrito a tenor del artículo 451 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, que otorga un plazo de siete días desde la notificación de la resolución en crisis, para formular la manifestación con el pedido de que sea revisada.

Esa norma además establece que, dentro de los 20 días posteriores al decisorio que se pretende impugnar, se debe ingresar el recurso fundado de Casación, citando las disposiciones legales que se consideren no observadas o erróneamente aplicadas.

Respecto de la tramitación de la instancia, el mencionado artículo 451 refiere que “la resolución no podrá exceder el plazo total de seis meses desde su sorteo y adjudicación a la Sala pertinente. Si se tratare de un caso complejo, el plazo podrá ser prorrogado por otros seis meses por resolución fundada. Si vencido el plazo o agotada la prórroga el Tribunal no se hubiese pronunciado sobre el caso constituirá falta grave y deberá ser comunicado a la Suprema Corte de Justicia”.

El recurso, cabe destacar, podrá ser resuelto por dos de los jueces de la Sala interviniente y, en caso de disidencia, corresponderá la integración con un tercer miembro.

Lo que aún está en ciernes es el alcance del fallo impugnado por Vogliolo: si tiene efectivo suspensivo o no. De no ser el primer escenario, seguramente la fiscal Betina Lacki podría continuar con algunas medidas probatorias, como el análisis del teléfono celular de Rigau, aún a disposición de la Justicia.

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Como se sabe, con la firma del camarista Juan Benavides y, la adhesión de Alejandro Villordo, hubo un giro sorpresivo en la investigación, que parecía encaminada a desnudar la existencia de una presunta caja negra de la política, al menos en la Cámara de Diputados bonaerense, para la que reportaba Rigau y sus superiores jerárquicos.

Es que Benavides y Villordo entendieron -para muchos de forma insólita- que ir a sacar plata a un cajero automático, con casi 50 tarjetas de débito, sería algo que no excede del fuero de la intimidad personal y, por ende, no genera sospecha alguna que permita a la Policía avanzar con una identificación y posterior aprehensión de quien lleva adelante esa conducta.

Si bien, agregaron los magistrados, habría faltado la debida comunicación al juez y fiscal en turno para que avalen el operativo, muchas voces en la Justicia creen que la nulidad se otorgó dentro de lo que se llama “exceso ritual manifiesto”, es decir, el rigor excesivo en la interpretación y aplicación de la ley, que en este caso pudo conspirar contra el verdadero alcance y finalidad de los actos sustanciales, que vertebraron el proceso.

Esas mismas personas entienden que la decisión de la Sala III de la Cámara Penal, con el voto en disidencia de Fernando Mateos, “está alejada de sentido común y provoca una fuerte polémica”.

Tarjetas de la Legislatura: silencio en medio del escándalo

Sin embargo, pese al escándalo suscitado, con alcance nacional, en la Legislatura hacen silencio y nadie dice nada de la liberación de Rigau, que estuvo detenido desde el 9 de septiembre hasta el jueves pasado.

Ni el presidente del cuerpo, Federico Otermin (Unión por la Patria); ni los vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio), Carlos Moreno (Unión por la Patria) y Rubén Eslaiman (Unión por la Patria- Frente Renovador), hicieron declaraciones sobre este episodio.

Rigau estuvo imputado como autor penalmente responsable de “177 defraudaciones consumadas y 45 tentadas, en concurso real entre sí”.

El juez de garantías Guillermo Atencio, al rechazar un pedido de excarcelación en favor del imputado, había señalado con severidad: “Analizados los hechos en el marco de la sana crítica, esto es, interpretados del modo en que normalmente suceden, la significativa cantidad de tarjetas utilizadas y el alto monto de dinero que con ellas fuera extraído, no pudo escapar -cuando menos- del conocimiento de la superioridad jerárquica del organismo en el que el prevenido presta servicios, lo que posibilitaría además que, con el devenir de la pesquisa, se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.

Sin embargo, todo lo dicho quedó a un costado y, sin valor legal, al menos por el momento, luego de conocido el fallo de la Cámara Penal.

OFERTA Y RECHAZO

Uno de los testigos que declaró cuando la pesquisa gozaba de buena salud, estudiante de Derecho, aseguró que estaba sin trabajo y que le ofrecieron ser asesor en la Cámara de Diputados. No recordó para quién.

En ese contexto, aseguró que le llegó una tarjeta de débito a su domicilio, pero que a los pocos días tuvo que devolver, cuando le informaron que la oferta laboral finalmente se había caído. Claro que el plástico nunca le dieron de baja.